La jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte, aplazó la tarde de este lunes la audiencia de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de un investigado en el presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa).
El aplazamiento se produjo este lunes a solicitud del abogado Valentín Medrano, miembro de la defensa del fiscal, con el objetivo de conocer las piezas y pruebas del proceso en contra de su cliente.
- La magistrada fijó la audiencia para el próximo martes 7 de abril a las 2:00 de la tarde.
Solicitudes de la defensa
Durante sus declaraciones a la salida del tribunal, Medrano explicó que la solicitud de medidas de coerción se centra en el arraigo del imputado y las condiciones bajo las cuales este queda vinculado al proceso.
Indicó que la defensa solicitó varias medidas, las cuales fueron acogidas por el tribunal sin oposición del Ministerio Público.
Entre ellas, el aplazamiento para recopilar elementos de prueba, la habilitación de un espacio adecuado para que los abogados puedan reunirse con su cliente y la autorización para que este pueda comunicarse con sus familiares desde el lugar donde se encuentra detenido.
El abogado aclaró que no se trata de una vulneración de garantías procesales, sino de facilidades razonables dentro de los límites establecidos por la ley.
Asimismo, señaló que la defensa responderá con firmeza a las acusaciones del Ministerio Público, alegando que existen errores procesales y conceptuales en la imputación presentada.
El arresto del fiscal
El arresto se produjo la noche del viernes 27 de marzo, de acuerdo con un comunicado de prensa.
Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los 10,000 dólares que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente, según el Ministerio Público.
La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien calificó el hecho como grave y reiteró su postura de cero tolerancia frente a la corrupción dentro de la institución.