La Administración de Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la ley española de derecho a morir, según el New York Post.

El medio asegura que funcionarios informaron bajo anonimato que el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de EE.UU. en Madrid a recabar información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.

Funcionarios estadounidenses citados por el Post expresaron preocupación por posibles fallas del sistema de protección a personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas.

Además, indicaron que Noelia Castillo había mostrado «dudas» sobre el procedimiento, pero que estas señales habrían sido ignoradas, generando inquietudes sobre derechos humanos, según el cable diplomático citado por el diario.

Noelia Castillo falleció la semana pasada a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio.

Reacciones y análisis del caso

A la joven, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024.

Su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia.

El presidente de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, ha dicho que han mantenido la esperanza “hasta el último momento” de que la joven pudiera cambiar de opinión, algo que no ha ocurrido.

En declaraciones a los periodistas, Fernández ha considerado que el caso es un “fracaso del sistema sanitario”.

Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la “falta de capacidad” de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.