La oposición demócrata fracasó este jueves en un nuevo intento por impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prosiga la guerra contra Irán sin contar antes con la autorización del Congreso.
Aunque la Cámara de Representantes se encuentra en receso, un grupo de legisladores intentó forzar una votación de una iniciativa impulsada por el representante Glenn Ivey, pero la mayoría republicana frustró sus planes.
El intento se produce en medio de la frágil tregua de dos semanas que mantienen Washington y Teherán tras la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, una operación que Trump autorizó sin solicitar el aval del Congreso.
El mes pasado, la Cámara de Representantes ya había rechazado una medida similar, pero los demócratas han prometido volver a celebrar votaciones sobre este asunto.
La oposición intenta invocar la llamada Resolución de Poderes de Guerra, una medida carácter simbólico que obligaría a Trump a solicitar autorización al Congreso, donde su partido tiene mayoría, para mantener la ofensiva contra Irán.
En los últimos meses, los demócratas han intentado también sin éxito obligar al presidente a solicitar permiso del Congreso para intervenciones militares en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, o en Cuba, isla a la que Washington ha impuesto un bloqueo energético.
Poder de iniciar hostilidades
La llamada Resolución de Poderes de Guerra es una ley aprobada en 1973, durante la guerra de Vietnam, que busca limitar la facultad del presidente de Estados Unidos para iniciar hostilidades en el extranjero. Solo permite hacerlo con la autorización del Congreso o en caso de emergencia nacional.
Si el mandatario ordena una ofensiva sin ese aval, la norma obliga al Gobierno a informar al Congreso en un plazo de 48 horas sobre su alcance y a retirar las tropas en un máximo de 60 días si no recibe autorización legislativa.
Ningún presidente ha reconocido la constitucionalidad de dicha ley, al considerarla una violación de la separación de poderes, pero el Tribunal Supremo nunca se ha pronunciado al respecto.
