El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves una ley de minería que abre la puerta a inversores extranjeros a la explotación de las vastas reservas del país, tras tomar la misma medida con la industria petrolera bajo la presión de Estados Unidos.
Venezuela dio un paso más hacia la transformación profunda del modelo estatal en el manejo de recursos naturales impuesto por el chavismo, luego de la caída de Nicolás Maduro en enero durante una incursión estadounidense.
El Parlamento sancionó la nueva ley minera por unanimidad tal como lo hizo con la reforma a la ley de hidrocarburos, que ofrece garantías a la inversión privada, el 29 de enero.
Conocido por sus enormes yacimientos de petróleo, Venezuela es también un país rico en minerales como oro, diamantes, bauxita o el coltán, este último clave en la fabricación de telefónos móviles.
Sin embargo, grupos armados manejan zonas mineras con la supuesta complicidad de autoridades, de acuerdo con varias investigaciones.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez elogió en la red X la norma como un «instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería» en Venezuela.
«Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional», escribió el jueves en la red X.
Ley minera abre camino a empresas extranjeras
La norma establece expresamente que compañías privadas nacionales y extranjeras pueden participar en el negocio minero, y permite la creación de empresas mixtas, entre privados y públicas, con el mismo fin.
En ese sentido, ofrece incentivos tributarios para la inversión, entre ellos, pago de regalías hasta 13%.
Rodríguez, que asumió el poder de manera temporal tras la espectacular captura de Maduro el 3 de enero, deberá aprobar la ley en breve, previo examen de la justicia constitucional.
Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo de Venezuela, país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Su hermano Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, también celebró la futura ley como «un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro», tras impulsar su aprobación en la Asamblea Nacional.
Control de «bandas armadas»
La actividad minera en Venezuela se concentra sobre todo en un territorio de 112,000 km² bautizado como el Arco Minero.
Bandas, grupos armados y, en ciertas zonas, las guerrillas colombianas del ELN o disidencias de las FARC controlan sectores enteros de las zonas mineras, con el acuerdo de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos.
Existe un «control» por parte de «bandas armadas, organizadas, que se hacen llamar sindicatos, pero también se hacen llamar ‘el sistema‘, últimamente se llaman así», explica a la AFP Lisseth Boon, autora del libro de investigación «Oro malandro» (Oro bandido).
La suspensión en 2011 de todas las concesiones mineras por Hugo Chávez creó «como un vacío en el control» y «ahí fue cuando comenzaron como a irrumpir los ‘sindicatos‘.
Estos grupos criminales en la zona empezaron como a tomar el control de las minas (…) incluso se comenzaron a distribuir», señala Boon.
«Eso es lo que explica que una zona que está totalmente militarizada y donde supuestamente hay una presencia del Estado, esté controlada por estos grupos criminales en las minas», subraya Boon.
Estos grupos cobran una comisión sobre todas las extracciones, pero también «vacunas» (impuestos o tasas) a todos los comercios e incluso a las trabajadoras sexuales, añade.
Insight Crime también estima que «los ‘sindicatos‘ que se dedican a regular la minería de oro (…) han desarrollado, obviamente, un control bastante profundo de estos territorios», señaló a a la AFP una investigadora del centro de análisis que prefirió reservar su identidad.
«La pregunta es si esta ley va a poder regular» la actividad y «garantizar que este oro no provenga, no esté manchado por estos grupos criminales y por esta influencia criminal. Si lo podrá lograr es la gran pregunta», añadió.