El Estado dominicano pondrá en subasta bienes decomisados al narcotráfico, lavado de activos y corrupción por un valor que supera los 1,095 millones de pesos, en lo que constituye la primera convocatoria pública bajo la Ley 60-23 y un intento por recuperar recursos retenidos durante décadas en procesos judiciales.
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) informó que en esta primera subasta se incluirán apartamentos, casas, solares, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas y lotes de chatarra.
El valor total de los bienes asciende a 1,095,350,000 pesos. De ese monto, 917.6 millones corresponden a bienes inmuebles; 172.6 millones a bienes muebles y poco más de 5 millones a joyas y relojes. En total, se trata de 147 bienes o lotes acumulados a lo largo de años de operativos y procesos judiciales.
El anuncio marca un punto de partida, pero también abre una discusión que no está resuelta: qué ocurrió con estos bienes durante el tiempo que permanecieron bajo control del Estado.
Muchos de estos activos estuvieron retenidos más de 20 años sin ser monetizados. Durante ese periodo, no queda claro quién tuvo la custodia efectiva de propiedades, vehículos o embarcaciones. Tampoco se ha detallado qué instituciones asumieron su administración directa ni bajo qué protocolos operaron. La pregunta es inevitable: ¿se mantuvieron intactos o algunos fueron utilizados?
El volumen y la diversidad de los bienes refuerzan esa duda. No se trata solo de objetos de bajo valor, sino de aeronaves, embarcaciones, apartamentos en zonas urbanas y hasta un hotel. Activos de ese tipo requieren mantenimiento constante. Eso plantea otra interrogante: ¿quién asumió esos costos durante años y cuánto representaron para el Estado?
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El retraso en la subasta también deja vacíos. Si algunos expedientes judiciales tenían décadas en curso, surge la pregunta de por qué estos bienes no se liquidaron antes. No hay, hasta ahora, una explicación detallada sobre los obstáculos legales o administrativos que impidieron su disposición.
- Tampoco se ha precisado si existieron fallas de gestión o simplemente ausencia de un marco legal como el que ahora establece la Ley 60-23.
Mientras estos activos permanecían retenidos, el gasto en la lucha contra el narcotráfico no se detuvo. Al contrario, creció de forma sostenida. Para 2026, el presupuesto de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se proyecta en más de 2,640 millones de pesos.
La comparación es directa. El valor total de los bienes a subastar equivale a menos de la mitad de ese presupuesto anual. Es decir, en un solo año el Estado gasta más del doble de lo que ahora intenta recuperar tras décadas de acumulación de activos.
Ese desfase vuelve a poner el foco en la eficiencia del modelo. Si el Estado invierte de forma constante en perseguir el narcotráfico, pero tarda décadas en recuperar los bienes derivados de esas operaciones, la ecuación queda incompleta. De ahí surge otra pregunta: ¿cuánto se dejó de percibir durante todos esos años por no convertir estos activos en liquidez?
Deterioro de los bienes
A esto se suma el deterioro. Algunos bienes incluidos en la subasta corresponden a lotes de chatarra, lo que indica que parte del inventario perdió valor con el tiempo. Esto abre otro frente: ¿cuántos activos se depreciaron de forma significativa mientras estaban bajo custodia estatal y quién responde por esa pérdida?
La creación de Incabide y la aplicación de la Ley 60-23 buscan corregir ese retraso. El nuevo esquema pretende evitar que los bienes permanezcan indefinidamente retenidos sin uso productivo. Sin embargo, la propia magnitud de la subasta evidencia que el problema no es reciente.
El proceso que inicia ahora también plantea preguntas hacia adelante. No se ha detallado aún el destino de los fondos que se obtendrán. ¿Se reinvertirán en la lucha contra el crimen o ingresarán al fondo general del Estado? Tampoco se han explicado los mecanismos de control que regirán la subasta, en un contexto donde el valor de los activos supera los mil millones de pesos.
La transparencia del proceso será otro punto de observación. Si se trata de un mercado abierto, queda por ver si se publicarán los resultados completos: quiénes compran, a qué precio y bajo qué condiciones.
La subasta representa un cambio operativo. Pero también deja expuesto un problema estructural.
Durante más de 20 años, el Estado incautó bienes millonarios que no se tradujeron en ingresos inmediatos. En paralelo, el gasto público en la lucha contra el narcotráfico creció de forma sostenida.