La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Intrant) parece ser un texto de cumplimiento opcional para un sector específico del transporte: los motociclistas, muchos, los llamaron “dueños de las vías”, otros los definen como anarquistas.

Lo que debería ser un marco regulatorio del tránsito se ha transformado, en la práctica, en un sistema donde estos conductores operan bajo una jurisdicción propia y ajena al ordenamiento jurídico de República Dominicana.

La inobservancia de las normas por parte de este grupo ocurre con una frecuencia alarmante y ¿Qué es más preocupante? Que sucede ante la mirada pasiva de los agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), órgano llamado fiscalizar.

En las principales provincias del país, es común observar cómo los agentes de la Digesett optan por «darse por no enterados» ante infracciones flagrantes, permitiendo que la ilegalidad se apodere de las calles.

El irrespeto a la luz roja del semáforo se ha convertido en la norma y no en la excepción para los conductores de motores.

Las señales de tránsito parecen ser elementos decorativos que no limitan su desplazamiento, creando un entorno de alta peligrosidad tanto para los conductores de vehículos de cuatro ruedas como para ellos mismos, quienes representan las estadísticas más altas de mortalidad vial.

La Ley 63-17 es clara; específicamente en su artículo 251, prohíbe a motociclistas transitar sin el casco protector, en grupos de más de dos en paralelo, o por túneles y pasos a desnivel.

Dicha violación debería ser sancionada con una multa equivalente de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado, además de la reducción de puntos en la licencia de conducir, según determine el reglamento correspondiente.

Conducir en una sola rueda es una costumbre arraigada entre los motoristas, pese a que la ley, en su artículo 220, condena y sanciona con dos a cinco salarios mínimos a quienes incurran en esta práctica.

Asimismo, conducir en vía contraria es una maniobra cotidiana que pone en riesgo la seguridad vial.

De igual forma, los espacios reservados exclusivamente para el peatón, como las aceras, son utilizados como carriles alternos, obligando a los ciudadanos de a pie a lanzarse al pavimento para evitar ser arrollados.

En su código particular, la prioridad no es el orden ni el respeto mutuo, sino la ventaja individual sobre el colectivo, desafiando constantemente la paz pública y el civismo necesario en una sociedad funcional.

Para ellos, esperar los segundos requeridos por los semáforos no parece ser imperativo. La motivación detrás de este comportamiento es clara: la urgencia de llegar al destino en el menor tiempo posible; bajo esa premisa, actúan pensando que el fin justifica los medios.

Esto ocurre sin importar si en el trayecto se violenta de forma sistemática la ley o si un tercero resulta agraviado o físicamente herido como consecuencia de sus acciones temerarias.

Resulta paradójico que, siendo el grupo que mayor cantidad de infracciones comete en el territorio nacional, sea el menos fiscalizado de manera efectiva.

Mientras un conductor de vehículo privado es sancionado por detalles menores, el motorista transita sin placa visible, sin casco o transportando cargas excesivas sin ninguna consecuencia.

Esta falta de régimen de consecuencias ha fomentado un sentimiento de impotencia colectiva contra estos infractores, quienes utilizan sus unidades para transporte privado, envíos (delivery) y servicio de motoconcho.

En tanto crece la indignación, la Digesett y el Intrant se muestran ausentes e incapaces de trazar medidas que puedan controlar a los que hoy parecen ser los «dueños de las calles»: los motoristas.

Las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a marzo de 2025 indican la existencia de 3.5 millones de motocicletas, lo que representa el 57 % del parque vehicular.

Para algunos expertos en la materia, esa mayoría numérica no solo se traduce en desorden, sino en una saturación de las vías y en una violación constante de las leyes.

A pesar de los esfuerzos de regularización del Intrant, más de 2 millones de usuarios siguen operando fuera de la estadística estatal.