Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Por: Fernando Pernas.

Los economistas usan modelos para diagnosticar los ciclos económicos y sugerir tratamientos. Cuando una economía cae por falta de demanda, porque los hogares consumen menos, las empresas invierten menos o el crédito se contrae, la receta suele ser relativamente estándar.

En esos casos, la respuesta va en una dirección conocida: estimular temporalmente la economía con más gasto público, menores impuestos o crédito más barato. No es una medicina sin efectos secundarios, pero la lógica es clara. Si falta demanda, se empuja la demanda.

El problema es que un choque energético no funciona así. Cuando sube abruptamente el precio del petróleo, la economía no solo se desacelera, sino que también los bienes y servicios se encarecen.

Para una economía pequeña y abierta, que importa buena parte de la energía que consume, este tipo de choque llega desde fuera, pero se siente dentro con rapidez. Producir cuesta más, transportar cuesta más y vivir cuesta más.

A diferencia de una recesión convencional, donde caen el producto y los precios, un choque de oferta combina dos males al mismo tiempo. Hay menor actividad y mayor inflación.

Ahí empieza el dilema. Una política expansiva puede sostener el empleo y aliviar la caída, pero también puede echar más leña al fuego inflacionario. Una política restrictiva puede ayudar a contener precios y expectativas, pero también puede enfriar una economía que ya viene golpeada.

En otras palabras, el gobierno no escoge entre una salida buena y una mala. Escoge entre costos. Escoge quién los absorbe, durante cuánto tiempo y con qué nivel de protección social.

Por eso los choques energéticos no son solo un problema económico. Son, sobre todo, una prueba de economía política.

En ese contexto, el gobierno enfrenta dos relojes de arena que se vacían simultáneamente. Uno es el reloj económico, marcado por precios más altos, salarios que rinden menos, destrucción de empleo, pobreza y posibles quiebras empresariales.

El otro es el reloj político, donde se agotan la paciencia social, la credibilidad, las expectativas y la confianza ciudadana.

El manual técnico suele apuntar en una dirección bastante clara. Recomienda apoyos temporales y focalizados para los hogares más vulnerables, prudencia fiscal para evitar medidas generalizadas difíciles de desmontar, y una política monetaria orientada a contener las expectativas inflacionarias.

En política, es mucho más difícil. La focalización es eficiente, pero produce malestar entre quienes quedan justo fuera del beneficio. Los subsidios generalizados son populares, pero pueden desbordar el gasto público.

La política monetaria puede contener expectativas, pero no produce petróleo, trigo ni fertilizantes. Y pedir paciencia a la población cuando la comida, el transporte y la electricidad suben de precio exige algo más que tecnocracia. Exige credibilidad.

Es aquí donde la economía deja de ser solo administración de variables y se convierte en administración de confianza. Los beneficios de la prudencia suelen ser difusos y futuros, mientras los costos del ajuste son concretos e inmediatos.

El ciudadano no siempre ve el déficit que se evitó ni la inflación que no ocurrió. Ve el supermercado más caro, el transporte más costoso y el salario que alcanza menos.

Por eso, en una crisis energética, comunicar no es adornar la política pública, sino parte central de la política pública misma. Si la ciudadanía entiende que el choque viene de fuera y que parte del costo es inevitable, la tolerancia social puede ampliarse.

Más aún si percibe que el gobierno protege primero a quienes menos margen tienen. Si la comunicación falla, cada aumento de precio se convierte en prueba de incompetencia, abuso o indiferencia.

En las crisis, los ciudadanos no solo escuchan las medidas. También observan los gestos. Miran si el gobierno pide sacrificios mientras se protege a sí mismo, o si empieza por ajustar sus propios excesos.

En tiempos normales, gastos percibidos como superfluos pueden parecer detalles menores. En una crisis, se vuelven símbolos.

Gobernar un choque energético, entonces, no consiste en prometer que nadie pagará el costo. Esa promesa sería prácticamente imposible de cumplir. Consiste en decidir cómo se reparte ese costo, cómo se protege a quienes menos pueden absorberlo y cómo se preserva la confianza mientras pasa la tormenta.

Porque cuando la economía obliga a elegir el veneno, la diferencia entre una crisis manejable y una crisis política no está solo en la receta técnica. Está en la legitimidad con que se administra el sacrificio.

La publicación Cuando la economía obliga a elegir el veneno: la economía política de los choques energéticos  apareció primero en El Día.