Los países de Oriente Medio incrementaron la aplicación de la pena de muerte en 2025, año en el que tanto Irán como Arabia Saudí alcanzaron nuevos récords históricos en ejecuciones, con 2,159 y 356, respectivamente, alertó este lunes Amnistía Internacional.
En su último informe global sobre la pena capital publicado en esta jornada, la organización internacional denunció que las autoridades iraníes «intensificaron el uso de la pena de muerte como instrumento de represión y control políticos, lo que impulsó un aumento sin precedentes de las ejecuciones«.
Durante 2025 se conocieron 2,159 ejecuciones en el país persa, dato que constituyó «la cifra más alta de la que se tiene constancia desde 1981», y alertó que la pena de muerte se utilizó en Irán «para castigar a quienes cuestionaban, o se consideraba que habían cuestionado, el régimen de la República Islámica».
Por otro lado, Arabia Saudí marcó un «récord histórico en ejecuciones» al aplicar la pena de muerte contra al menos 356 condenados en 2025, cifra que representa un aumento al récord anterior de 345 alcanzado un año antes.
«Las autoridades de Arabia Saudí siguieron llevando a cabo ejecuciones a un ritmo alarmante, en muchos casos con absoluto desprecio de las restricciones relativas al uso de esta pena establecidas por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos«, afirmó AI.
Según el informe, el dato crítico es que el 67 % de estas ejecuciones (240 personas) estuvieron vinculadas a delitos de drogas, a pesar de que el derecho internacional prohíbe la pena de muerte para estos casos.
Respecto a Kuwait, el recurso a la pena capital se triplicó, registrándose 17 ejecuciones frente a las 6 del año previo.
El país implementó una nueva ley sobre drogas que amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte a las personas responsables de la «producción y tráfico de drogas«, con agravante para los individuos reincidentes y a quienes vendan sustancias estupefacientes a menores de edad.
Este panorama regional refleja un uso de la pena de muerte a menudo basado en procedimientos injustos, confesiones obtenidas bajo tortura y su aplicación para castigar la disidencia o delitos que no implican pérdida de vidas, contraviniendo las normas de derechos humanos, indicó Amnistía.
La organización denunció que estos y otros «gobiernos de Oriente Medio y el norte de África utilizaron la pena de muerte como instrumento para reprimir la disidencia y conjurar amenazas reales o aparentes para la seguridad nacional, en un contexto de reactivación de las políticas punitivas contra las drogas».