Un juez peruano archivó la acusación por asociación ilícita contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), su esposa, Nadine Heredia, y cuatro exministros por el caso del Gaseoducto Sur Peruano, por el que el equipo fiscal especial para los casos de Odebrecht pedía 35 años de prisión para el exmandatario.

El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró fundada una solicitud de excepción de improcedencia de acción que presentó la defensa legal Luis Miguel Castilla, quien fungió como ministro de Humala, para que se declare el «sobreseimiento» o «archivo» de dicho delito.

Ayala adoptó esta medida en aplicación de una ley que establece que los “delitos fines” en el delito de organización criminal deben tener una pena abstracta mínima superior a los seis años de privación de la libertad, algo que indicó que no se cumple en este caso.

En la resolución judicial, que fue emitida el 3 de julio pero fue difundida por medios locales este domingo, ordena levantar las medidas cautelares personales dictadas y que reconfigura el proceso penal mientras sigue en discusión la acusación por el delito de colusión agravada y una eventual reparación civil.

Audiencia y proceso

Además, estableció la reanudación de la audiencia de control de la acusación fiscal presentada sobre el caso el lunes 6 de julio a las 9:00 hora local (14:00 hora GMT), en la que evaluará las solicitudes de excepción de improcedencia de acción presentadas por los implicados para que se archive el delito de colusión agravada.

El equipo había pedido 35 años de prisión para Humala y Heredia por asociación ilícita y colusión agravada.

Mientras que para otras 21 personas, entre ellas los exministros Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes y el exsuperintendente de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Simoes Barata, solicitó penas de entre nueve y 35 años.

En el caso Gasoducto Sur Peruano, derivado del caso Lava Jato, la Fiscalía investiga si funcionarios del gobierno de Humala favorecieron indebidamente al consorcio liderado por Odebrecht para adjudicarles el megaproyecto energético valorado en 7.328 millones de dólares.

Humala cumple desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero a raíz de los fondos entregados por Odebrecht a sus campañas electorales y hace dos meses reclamó nuevamente salir en libertad después de que la Justicia peruana haya archivado los procesos por los mismos motivos contra Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

«El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de activos. En nuestro caso, el Ministerio Público ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido. Entonces, ¿por qué yo sigo en prisión?», se preguntó Humala en un mensaje publicado en las redes sociales.

Mientras Humala fue condenado por lavado de dinero al no haber declarado los fondos que la compañía brasileña aseguró haber entregado para financiar su campaña electoral de 2016, Fujimori y Kuczynski se han visto librados de procesos similares por haber ocultado aportaciones económicas de distintas entidades para costear sus campañas, entre ellas también Odebrecht.