El polémico reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la publicación de encuestas continúa enfrentando posiciones de partidos políticos, juristas, sociólogos, e incluso expresidentes del órgano electoral.
La mayoría de los representantes de las organizaciones políticas ha coincidido en que la disposición del órgano comicial contribuye a prevenir la propaganda a destiempo y garantiza igualdad en la competencia electoral. Sin embargo, agrupaciones como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostienen que podría tratarse de una medida extemporánea.
Asimismo, abogados, y sociólogos han advertido sobre diversas debilidades del reglamento, al considerar que podría vulnerar garantías constitucionales como la libertad de expresión y la libertad de empresa. En ese contexto, el expresidente de la JCE, Roberto Rosario, defendió que la institución tiene facultad para regular actividades políticas fuera del período electoral.
Rosario consideró que el amplio debate generado por el reglamento podría terminar en el Tribunal Constitucional (TC). No obstante, estimó que la JCE obtendría ganancia de causa ante la alta corte.
“Esto va a generar una discusión amplia que sé que terminará en el Tribunal Constitucional, lo cual es bueno, porque de alguna manera estamos hablando de la regulación de derechos fundamentales, pero todos los derechos deben ser regulados porque de alguna manera chocan con otros derechos y, por tanto, lo que hay que ver es el equilibrio que se produce entre la regulación y el ejercicio de los mismos”, manifestó.
Rosario resaltó que la decisión está fundamentada en elementos jurídicos y sostuvo que “los partidos de oposición deben apoyar la decisión”.
Partidos políticos
A su vez, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, calificó de “inapropiadas” las críticas emitidas contra la JCE y consideró que atacar a un órgano constitucional afecta la institucionalidad democrática.
Sostuvo que la Junta sí tiene facultad para reglamentar el tema y recordó que el documento fue conocido con la participación de los partidos políticos.
También respaldó la medida el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo. Aseguró que muchas encuestas han dejado de cumplir una función técnica interna y se utilizan como mecanismos de propaganda y manipulación.
Mientras que Pedro Martínez, de Alianza País, consideró que la difusión de encuestas y actividades políticas tempranas contribuye a mantener un ambiente electoral permanente, especialmente entre los partidos mayoritarios, que -según indicó- suelen iniciar campañas con mucha antelación.
Cuando el proyecto de reglamento de las encuestas era discutido en la JCE, el delegado político del PLD, Danilo Díaz, sugirió la creación de una especie de “contrato” que establezca que las encuestadoras dan los resultados para fines que no sean propagandísticos o de campaña intempestiva.
Aspecto legal
Los juristas no se han quedado fuera de este debate. Ayer, el abogado Julio Cury consideró que el nuevo reglamento presenta “vicios sustanciales” que comprometen su validez constitucional y legal.
Al analizar la normativa sostuvo que incurre en excesos reglamentarios al crear sanciones y restricciones que, a su juicio, no están contempladas en las leyes electorales vigentes.
Cury agregó que esta vulnera el principio de reserva de ley y excede las facultades de la JCE, al establecer sanciones como la suspensión temporal y cancelación definitiva del registro de encuestadoras, medidas que no están previstas en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral ni en la Ley 33-18 de Partidos Políticos.
Asimismo, Olivo A. Rodríguez Huertas consideró que el reglamento emitido por la Junta Central Electoral (JCE) sobre encuestas electorales presenta “un olor fuerte a inconstitucionalidad”, al entender que impone limitaciones y sanciones no contempladas en la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
Por otro lado, el sociólogo José del Castillo Pichardo aseguró que el reglamento representa una violación a la propia legislación electoral y a principios constitucionales relacionados con la libertad de expresión.
La Junta Central Electoral (JCE), en los considerandos de la normativa, defendió que la medida busca garantizar la equidad en la competencia política y el respeto a los plazos establecidos en la legislación electoral.
En el documento, el órgano comicial reconoce el derecho de los actores políticos a contratar empresas encuestadoras debidamente registradas. Sin embargo, señala que esa prerrogativa debe ejercerse en armonía con otros principios previstos en el régimen electoral, entre ellos el respeto a las etapas y plazos de precampaña y campaña. Agrega que la difusión de encuestas fuera de los períodos permitidos puede generar ventajas indebidas para determinados actores políticos.
La JCE recordó que el 5 de junio de 2025 celebró una audiencia pública con la participación de representantes de partidos políticos y de firmas encuestadoras, quienes expusieron sus consideraciones sobre la propuesta. Posteriormente, el órgano electoral concedió plazos adicionales solicitados por varias organizaciones políticas para depositar por escrito sus planteamientos y observaciones. La JCE indicó que, tras concluir el período de consultas, procedió a analizar y valorar las distintas propuestas recibidas.