Mónica Franco está desconsolada. Desde hace tres meses llora por su hijo Bryan Ledesma, quien murió tras recibir golpes y descargas eléctricas durante un operativo militar antidrogas en el suroeste de Ecuador.
El joven de 28 años es el rostro más reciente de denuncias sobre abusos del Ejército en su combate a las bandas narcotraficantes, en un país considerado entre los más violentos de Latinoamérica.
«Si mi hijo estaba supuestamente en algo malo, ¿por qué no lo llevaron a la Policía? ¡Me lo mataron a golpes!«, dice entre lágrimas Franco, quien recibe a la AFP en Milagro, una localidad cerca de Guayaquil afectada por la extorsión del crimen organizado.
En 2025, Ecuador registró 244 denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policías. Este año se contabilizan 23 casos de presunta ejecución extrajudicial, según cifras de la fiscalía.
Ledesma era alegre, le gustaba el vallenato y soñaba con conducir un tráiler como su padre.
El 16 de marzo, tres días después de su cumpleaños, fue interceptado por una patrulla del Ejército cuando iba a retirar una moto del taller de mecánica. Fue retenido junto a un amigo y sometido a palizas por 40 minutos, según el expediente de la fiscalía.
«No sé qué pasó y esa es la pregunta que me hago una y mil veces», añade Franco, una ama de casa de 57 años, vestida de negro y sin ganas de comer ni dormir.
Desde entonces, acude cada domingo a la tumba de su hijo. Sonríe al recordar que a su «flaco» le gustaba el fútbol y el camarón rebozado.
Tras la muerte de Ledesma, siete militares fueron procesados por presunta extralimitación de sus funciones en el cumplimiento del servicio.
«Ya no puedo más«
Un amigo que logró escapar declaró que los soldados arrojaron a Ledesma a un charco en una zona rural de Milagro y le aplicaron descargas con una pistola eléctrica en la lengua.
Patricio Ledesma, el padre del joven, culpa de la tragedia al gobierno de Daniel Noboa porque les «dio mucha importancia a los militares» en la estrategia de seguridad.
Los hechos ocurren en medio de una ofensiva del presidente de derecha, que desplegó soldados en las calles bajo estado de excepción y con respaldo de Estados Unidos.
Pese a las redadas, Ecuador alcanzó los 51 homicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado, un récord histórico.
De los siete militares implicados en el caso de Ledesma, dos están detenidos. Los otros cinco tienen medidas cautelares, como el uso de grillete electrónico y presentaciones periódicas ante un juez. Una audiencia para revisar la prisión preventiva fue suspendida.
El testigo ahora enfrenta un proceso por tráfico de drogas tras un allanamiento en su vivienda en el que se encontraron pequeñas dosis de cocaína y marihuana. Un juez le dictó medidas de protección y descartó la prisión preventiva.
El cuerpo de Ledesma fue hallado en un hospital, mojado, lleno de tierra y con la boca abierta, según sus familiares.
«Lo último que dijo mi hermano fue ‘ya no puedo más‘», relata una hermana de Ledesma, que pidió mantener su identidad bajo reserva, luego de ver un video que los vecinos de la zona grabaron durante la golpiza.
«El eslabón más débil«
En su defensa, los militares argumentan que buscaban a traficantes de drogas, aunque no existe evidencia de que Ledesma portara sustancias ilegales.
Las Fuerzas Armadas se desligan del caso y aseguran que los agentes actuaron sin autorización y fuera de su jurisdicción.
«Es un patrón: los militares cogen a estos chicos y los golpean tanto para sacarles información de microtraficantes«, dice Billy Navarrete, director de la oenegé Comité de Derechos Humanos (CDH), con sede en Guayaquil.
Según el activista, estos operativos «van por el eslabón más débil mientras los capos siguen intocables».
Organizaciones de derechos humanos critican la política de seguridad de Noboa a raíz de denuncias de desapariciones forzadas y otros casos, como el de cuatro menores detenidos por miembros de la Fuerza Aérea en 2024 que luego aparecieron incinerados.
En los últimos seis meses, militares del Ejército estuvieron involucrados en la muerte de un joven de 19 años, por golpiza, y de otro de 22, por disparos, según las denuncias presentadas.
«¿Están acostumbrados acaso a andar matando gente porque tienen uniforme?», cuestiona Franco mientras acaricia un afiche con la imagen de su hijo.