El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) comparecerá en una indagatoria el próximo 24 de julio dentro de la investigación en su contra por las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el departamento de Antioquia (noroeste) por paramilitares.
«La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó», escribió el expresidente en X, donde calificó la decisión como «un atropello«.
La Fiscalía señaló el pasado 18 de junio que «inició investigación formal» a Uribe por las masacres y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín en 1998.
El caso investiga «hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos (aldeas) de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia«, cargo que ocupó entre enero de 1995 y diciembre de 1997.
«Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época», indicó la Fiscalía en un comunicado.
La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la de El Aro, con 15 víctimas mortales.
La Fiscalía ya anunció en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro puesto que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre, y en esos años el político era el gobernador.
Jesús María Valle fue un abogado defensor de los derechos humanos en una de las etapas de más duras de violencia del conflicto armado colombiano y presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pese a haber recibido varias amenazas de muerte.
El abogado fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las dos citadas masacres.