Un total de 1,174,000 personas inmigrantes solicitaron acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno español y más de 608,000 de las peticiones ya fueron admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y vivir en España.
Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitados este jueves a EFE horas antes de que el Ejecutivo presente en una rueda de prensa el detalle de los datos sobre esta medida extraordinaria.
Colombia es el país de origen con más solicitudes al concentrar el 26 % de las mismas, seguido de Marruecos (13.4 %), Venezuela (11.7 %) y Perú (8.8 %).
En un mensaje de vídeo remitido a los medios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que la medida extraordinaria va a permitir que «cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza».
El plazo de solicitudes se prolongó desde el pasado 16 de abril hasta el 30 de junio, entre demandas de los impulsores de la medida, algunas entidades sociales y partidos políticos para ampliar este periodo, por considerar que no era suficiente debido a las trabas burocráticas encontradas.
La medida, que aprobó el Gobierno en forma de real decreto, surge de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600,000 firmas, pero quedó bloqueada en la Cámara Baja por falta de acuerdo parlamentario.
Previsiones superadas
La previsión era que se beneficiaran al menos medio millón de personas, pero las previsiones se han superado ampliamente.
Para solicitar la regularización, las personas debían residir en España desde antes del pasado 1 de enero o ser demandantes de asilo que lo hubieran pedido antes de esa fecha, siempre que acreditaran un mínimo de cinco meses seguidos en el país en el momento de presentar la solicitud y no tengan antecedentes penales.
Los inmigrantes debieron aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y, solo en algunos casos, un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.
Esta medida, aplaudida por partidos de izquierda, entidades sociales como Cáritas y sindicatos, fue rechazada por los partidos de derecha, tanto el conservador Partido Popular (PP) como la ultraderecha de Vox.