El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente de presunta corrupción administrativa que le atribuye haber dirigido una estructura delictiva desde la referida institución, denunció que su proceso penal ha sobrepasado los límites legales y afirmó que la justicia pierde legitimidad cuando, en lugar de perseguir hechos delictivos, termina “persiguiendo personas”.
Rodríguez hizo los planteamientos en un artículo de opinión fechado este 10 de julio de 2026, titulado: “Cuando la justicia deja de perseguir delitos y comienza a perseguir personas”, en el que sostiene que su experiencia como antiguo jefe del Ministerio Público y luego como imputado le ha permitido valorar “desde ambos lados” la importancia de las garantías procesales.
El exfuncionario, quien fue procurador general durante el segundo gobierno de Danilo Medina, entre 2016 y 2020, aseguró que no escribe para reclamar privilegios ni trato especial, sino para abrir una discusión sobre los límites del poder estatal durante una investigación penal.
Según su planteamiento, las garantías no fueron diseñadas para proteger culpables, sino para impedir que el Estado actúe sin controles frente a cualquier ciudadano.
Rodríguez es señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una red que, según la acusación, habría usado recursos, contratos y estructuras de la Procuraduría General de la República para cometer actos de corrupción administrativa.
La acusación oficial incluye delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El proceso volvió al centro del debate esta semana, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazara anular las acusaciones contra Rodríguez y otros imputados.
El tribunal, sin embargo, ordenó al Ministerio Público y a las demás partes abstenerse de utilizar durante el juicio denominaciones estigmatizantes asociadas al expediente, conforme al criterio del Tribunal Constitucional sobre el uso de motes en procesos penales.
Garantías procesales
En su escrito, Rodríguez acusa al sistema de haber permitido prácticas que, a su juicio, nunca deberían formar parte de una persecución penal en un Estado de derecho. Entre ellas menciona filtraciones selectivas, ruedas de prensa que sustituyen el juicio en tribunales por un juicio público, presiones directas o indirectas sobre jueces, abogados, médicos, periodistas, peritos y testigos, así como afectaciones patrimoniales, familiares y profesionales antes de una sentencia definitiva.
El exprocurador también cuestionó el uso de la prisión preventiva como mecanismo de castigo o pena anticipada. Señaló que esta medida fue concebida para garantizar la presencia del imputado, proteger la investigación o evitar riesgos concretos, no para provocar indefensión ni deterioro personal.
Uno de los puntos centrales de su artículo es la duración del proceso. Rodríguez sostiene que lleva casi seis años sometido a una causa penal y afirma que eso supera ampliamente el plazo máximo de cuatro años establecido por la ley dominicana para la duración de un proceso.
“El tiempo también puede convertirse en una pena”, planteó Rodríguez, al sostener que cuando un proceso penal se extiende más allá de los límites legales sin consecuencias, se vacía de contenido una garantía esencial del debido proceso.
El Ministerio Público, sin embargo, ha defendido la solidez de la acusación. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha sostenido que el expediente contiene miles de medios de prueba y que los acusados deben responder en juicio por los hechos que se les imputan.
La Procuraduría ha reiterado que Rodríguez habría dirigido el presunto entramado durante su gestión al frente del Ministerio Público. El exprocurador, en cambio, ha negado las imputaciones y ha insistido en que el proceso en su contra ha vulnerado garantías fundamentales.
La posición del exprocurador
Rodríguez también vinculó su reflexión con el debate internacional sobre el uso político de la justicia, conocido como lawfare, y citó declaraciones recientes de la Embajada de Estados Unidos sobre la necesidad de rechazar intentos de manipular procesos judiciales con fines políticos. A su juicio, cuando la justicia deja de ser percibida como imparcial, pierde su principal activo: la confianza ciudadana.
El exprocurador sostuvo que no existe contradicción entre combatir la corrupción y respetar los derechos fundamentales. Por el contrario, afirmó que solo cuando ambas cosas ocurren al mismo tiempo puede hablarse de verdadera justicia.
- Con ese escenario, el caso entra nuevamente en una zona sensible: el Ministerio Público busca demostrar en juicio que Rodríguez encabezó una estructura de corrupción administrativa desde la Procuraduría, mientras la defensa del exfuncionario insiste en que la persecución penal se ha convertido en una sanción anticipada.
El fondo del debate, más allá del nombre del imputado, es institucional: hasta dónde puede llegar el Estado cuando investiga corrupción y qué ocurre cuando el proceso penal, por su duración, exposición pública y medidas restrictivas, empieza a producir consecuencias antes de que exista una sentencia definitiva.