El Gobierno de Cuba felicitó este domingo al austríaco Volker Türk tras la reciente aprobación por la Asamblea General de la ONU de su renovación como alto comisionado para los Derechos Humanos.
«Felicitamos a Volker Turk por su designación por la Asamblea General de la ONU para un segundo mandato como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales.
En su mensaje, el canciller reiteró el «compromiso» de su país «con la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos y con los mecanismos de la ONU en la materia, sobre la base de la no discriminación, el diálogo y la cooperación».
Impacto de las sanciones
El jefe de Derechos Humanos de la ONU advirtió el pasado junio que las nuevas sanciones impuestas por Washington a Cuba «están causando un daño generalizado a la población y poniendo vidas en peligro».
Türk insistió en que las restricciones al combustible aplicadas por la Administración estadounidense desde principios de 2026 y el reciente endurecimiento en mayo de las sanciones extraterritoriales están perjudicando directamente a los cubanos, especialmente a los más vulnerables.
En particular, se ha referido en varias ocasiones al bloqueo petrolero de EE.UU. como una violación del derecho internacional.
Además, señaló que las medidas coercitivas de EE.UU. también están obstaculizando el trabajo de las agencias humanitarias, incluidas las del sistema de Naciones Unidas, a la hora de prestar ayuda y asistencia esencial en la isla.
Presión sobre el Gobierno cubano
Desde enero pasado, EE.UU. presiona al Gobierno de La Habana para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada dispuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya sufría el país caribeño.
La presión se ha intensificado en los últimos meses a partir de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amplía las sanciones enfocadas en los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.
Esas nuevas medidas también castigan a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con Cuba, así como a altos cargos y funcionarios del Gobierno de La Habana.