La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes de la inspección de más de 30,000 edificios tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio y que ha dejado, de acuerdo al último balance oficial, 190 inmuebles colapsados.
«Ya más de 30,000 viviendas han sido inspeccionadas y de ellas se ha clasificado en amarillo, en verde, rojo», señaló la mandataria en el despliegue de brigadas populares en Caracas del plan de habitabilidad «Venezuela Renace», transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez dijo que a través de este programa se están «interviniendo activamente» más de 12,000 viviendas que fueron clasificadas con el color amarillo, por no tener fallas estructurales.
«Las que están en rojo están en evaluación de qué proceso se debe aplicar (para su arreglo)», añadió.
Inspecciones del CIV
El sábado, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) informó que pudo inspeccionar más de 8,000 estructuras tras los terremotos, para evaluar su habitabilidad, identificar fallas críticas y dar recomendaciones a las comunidades y autoridades locales para mitigar vulnerabilidades.
En nota de prensa, el CIV dijo que más del 70 % de las edificaciones inspeccionadas fueron clasificadas como habitables y alrededor de 25 % bajo «habitabilidad con precaución» o «no habitable».
Rafael Argotti, miembro de la Junta Directiva Nacional del CIV, explicó que las revisiones continuarán en las «zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital».
El viernes se cumplió un mes del doble terremoto que afectó principalmente la zona norte de Venezuela y que ha dejado al menos 5,546 fallecidos, 16,740 heridos y 17,907 personas sin viviendas, de acuerdo al boletín oficial.
Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.
El Banco Mundial estimó el jueves en 19,600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.
