El presidente Luis Abinader advirtió este miércoles que el Gobierno actuará con todo el peso de la ley contra quienes provoquen daños a los parques nacionales y otros ecosistemas protegidos, al firmar el Decreto 615-26, mediante el cual se declara como «terrorismo ambiental» toda acción que afecte estas áreas. El mandatario advirtió que estas personas pueden enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, conforme el nuevo Código Penal.
Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, Abinader afirmó que durante años los parques nacionales del país no habían recibido la atención y protección necesaria por parte del Estado y reveló que, al revisar su situación, encontraron que muchos de ellos ni siquiera contaban con títulos de propiedad a nombre del Estado dominicano.
El mandatario señaló que el Gobierno inició un proceso para titular los parques nacionales y, paralelamente, ha identificado actividades ilegales que han provocado incendios y otros daños dentro de esas áreas.
“Muchos de los fuegos que ocurren en los parques nacionales son por actividad ilegal de nacionales, extranjeros y dominicanos”, afirmó.
Abinader puso como ejemplo el incendio ocurrido recientemente en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, al señalar que este tipo de hechos no solo destruye árboles y afecta una determinada zona, sino que tiene consecuencias sobre el agua, las comunidades y la vida de los dominicanos.
“Después de analizar, de pensar, para darle la verdadera importancia, hemos decidido actuar de manera drástica, catalogando como terrorismo ambiental todo aquel que afecte un parque nacional”, declaró.
Penas de 20 y 30 años
El presidente sostuvo que el nuevo Código Penal contempla penas de entre 20 y 30 años de prisión para este tipo de infracciones, lo que, a su juicio, permitirá a las autoridades contar con una base legal más sólida para perseguir a quienes atenten contra los ecosistemas.
Abinader explicó que anteriormente muchas personas sometidas por daños ambientales recuperaban su libertad pocos días después debido a que las sanciones previstas en la legislación eran insuficientes para sustentar medidas de coerción más severas.
“Cuando sometemos a personas que afectan los parques nacionales, los sueltan a los tres días porque no había la base legal en muchos casos para sostenerlo”, expresó.
El gobernante también dejó claro que las medidas serán aplicadas tanto a dominicanos como a extranjeros. Indicó que, aunque en algunos casos se ha identificado la participación de ciudadanos haitianos, también existen dominicanos que los envían o utilizan para realizar actividades ilegales.
Refuerzan las operaciones
Abinader informó que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y la Dirección General de Migración trabajarán de manera coordinada para hacer cumplir el decreto.
Indicó que durante más de un mes las autoridades estuvieron preparando el marco operativo y jurídico de la medida y que ya se habían realizado operativos antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.
El presidente afirmó que las autoridades están preparadas para actuar “sea quien sea” el responsable de afectar los parques nacionales.
“Este es el mensaje que lanzamos fuerte, pero necesario”, manifestó.
También llamó la atención sobre la gravedad de estos delitos en momentos en que el país enfrenta períodos de sequía y los efectos del cambio climático, condiciones que, según explicó, pueden agravar las consecuencias de los incendios y la degradación ambiental.
Más personal y equipos para el Senpa
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que el Senpa ha sido reforzado y continuará aumentando su cantidad de oficiales y personal.
Precisó que no solo esa dependencia estará a cargo de hacer cumplir el decreto, sino que se utilizarán las capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía Nacional y Migración.
Explicó que se conformará una fuerza de tarea a nivel nacional para ejecutar las disposiciones del decreto.
“Todas las capacidades de las Fuerzas Armadas a nivel nacional, de todas las unidades desplegadas, serán instruidas para darle cumplimiento a ese decreto”, indicó.
Abinader agregó que también se fortalecerán las capacidades del procurador especializado en Medio Ambiente para que pueda actuar judicialmente ante las violaciones.
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Extracción ilegal de arena y materiales de los ríos
Sobre la extracción de materiales de los ríos, una práctica que las autoridades la vinculan con el deterioro de las cuencas y otros daños ambientales.
El Gobierno informó que ya ha emitido resoluciones para intervenir zonas consideradas estratégicas desde el punto de vista ambiental, entre ellas las cuencas de los ríos Haina y Nizao.
El presidente explicó que en la cuenca de Haina ya comenzó un proceso de restauración y que se han intervenido alrededor de 1.5 kilómetros de un proyecto que contempla unos 10 kilómetros.
“Ya la cuenca de Haina ha iniciado un proceso de restauración”, señaló.
Asimismo, informó que próximamente comenzará la intervención del río Nizao, incluida la zona conocida como La Neverita, con el propósito de proteger a las comunidades y visitantes y detener las extracciones ilegales.
La intervención, dijo, responde tanto a razones de protección ambiental como de seguridad para las personas que frecuentan esas zonas.
Abinader sostuvo que el nuevo marco legal permitirá a las autoridades adoptar medidas más severas contra quienes intervengan ilegalmente estas áreas.
Una eventual modificación a la Ley 64-00
Ante una pregunta sobre si el Gobierno contempla modificar la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales para adecuarla al nuevo régimen penal, Abinader no descartó esa posibilidad.
Sin embargo, condicionó cualquier reforma a un proceso de consulta y consenso con los distintos sectores relacionados con la protección ambiental.
“No es descartable, pero cualquier modificación en esa ley tendría que ser de consenso con todos los sectores”, manifestó.
El mandatario insistió en que el objetivo principal del Decreto 615-26 es establecer un régimen de consecuencias que permita disuadir y perseguir con mayor efectividad las acciones que deterioren los ecosistemas del país.
Con la medida, el Gobierno busca elevar la protección de los parques nacionales, las cuencas hidrográficas y otras infraestructuras ambientales consideradas estratégicas, mediante una acción coordinada de las instituciones de seguridad, Medio Ambiente y el Ministerio Público.