Seis empresarios artísticos que presentan espectáculos en el Teatro Nacional Eduardo Brito y en otros escenarios del país solicitaron al presidente Luis Abinader intervenir en el conflicto que mantienen con el Ministerio de Cultura por las nuevas condiciones de los contratos de alquiler de las salas de la institución.
En una carta fechada el 5 de octubre de 2026, y a la que Diario Libre tuvo acceso, César Suárez Piano, Mayobanex Bautista, Pedro García, José Ramón Rodríguez F., Billy Hasbún Khoury y Eduardo Durán pidieron al mandatario propiciar una solución conciliatoria ante cuatro asuntos que consideran perjudiciales para su actividad: la responsabilidad sobre los estacionamientos de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, la cancelación de fechas previamente asignadas, la cantidad de cortesías exigidas y el cierre del foso de la sala principal.
«Acudimos a su investidura, no solo por ser el primero de los ciudadanos, sino también porque las autoridades del Ministerio de Cultura han manifestado in voce que los pedimentos que a continuación señalaremos deben ser decididos por la Presidencia de la República«, expresaron los firmantes.
Los productores sostienen que las nuevas disposiciones podrían aumentar los costos de sus espectáculos, comprometer la seguridad jurídica de sus operaciones y dificultar la continuidad de sus actividades en el Teatro Nacional.
El estacionamiento
El primer reclamo se refiere a la intención que atribuyen a funcionarios del Ministerio de Cultura de transferir a los empresarios la custodia, el control y la vigilancia de los estacionamientos y jardines de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
En la comunicación dirigida a Abinader, recuerdan que el complejo alberga el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia y Geografía, la Biblioteca Nacional, la Cinemateca Nacional, el Museo de Arte Moderno y la estación del Metro Casandra Damirón, además de jardines y amplias áreas de estacionamiento utilizadas por las distintas instituciones y por el público.
Los empresarios destacan que el Teatro Nacional fue inaugurado el 16 de agosto de 1973 como dependencia de la Secretaría de Estado de la Presidencia y que en 2000 pasó a depender de la Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura.
La institución cuenta con tres salas de espectáculos: la Sala Carlos Piantini, la principal; la Sala Ravelo y la Sala Aída Bonelly. También dispone de las instalaciones del bar Juan Lockward, utilizadas ocasionalmente para obras teatrales que no requieren movimientos escenográficos.
Según explican, el Teatro Nacional concentra una parte importante del público que acude a la Plaza de la Cultura y facilita estacionamientos a los asistentes a sus cuatro espacios de presentación. Para la custodia y vigilancia de esas áreas se utiliza personal militar y civil debidamente identificado.
Sin embargo, recalcan que los estacionamientos y jardines son compartidos por todas las instituciones del complejo, tienen acceso gratuito y carecen de un sistema de boletos que permita controlar la entrada de vehículos y peatones.
Por esas áreas circulan visitantes de los museos, usuarios del Metro, personas que acuden a instituciones gubernamentales y conductores que las utilizan para evitar congestionamientos del tránsito, aunque no asistan a una actividad del teatro.
Los firmantes aseguran que la custodia de esos espacios ha correspondido históricamente al Estado dominicano.
«Pese a que, desde su inauguración en el año 1973, las autoridades gubernamentales (sea la Secretaría de Estado de la Presidencia, sea el Ministerio de Cultura) han sido las que han controlado, administrado y custodiado los espacios de estacionamiento de la Plaza de la Cultura y sus jardines», sostienen.
En la carta cuestionan que funcionarios que califican de tercera jerarquía del Ministerio de Cultura pretendan cambiar esa práctica y trasladar la responsabilidad a quienes alquilan las salas para presentar espectáculos.
Los productores consideran que esa decisión podría perjudicar el funcionamiento del Teatro Nacional y critican la actuación de los funcionarios involucrados, así como la forma en que, según afirman, se ha intentado justificar la medida mediante disposiciones contractuales.
Aumentos en los costos de los espectáculos
Los empresarios advierten que asumir la custodia de los estacionamientos podría obligarlos a contratar pólizas de seguro contra posibles actos vandálicos y a considerar el cobro por cada vehículo estacionado. Esos gastos, sostienen, aumentarían los presupuestos de producción y podrían traducirse en entradas más caras.
También señalan que la responsabilidad sobre esas áreas podría generar derechos de uso durante la vigencia de los contratos, con la posibilidad de instalar publicidad, vender productos promocionales y comercializar alimentos.
A su juicio, esa situación podría contribuir al deterioro de los estacionamientos y alterar el carácter público de un espacio compartido por distintas instituciones.
Los firmantes advierten que, bajo esas condiciones, el Estado perdería el control de áreas que consideran importantes para la cultura, el esparcimiento y la circulación vehicular. Además, los costos adicionales podrían hacer económicamente inviable la organización de determinados espectáculos.
«Es preciso recalcar algo que usted bien conoce, y es que sin empresarios que arriesguen el dinero en eventos artísticos cuyo desenlace exitoso no es seguro, el Teatro Nacional sería solo un edificio hermoso pero sin utilidad alguna», expresan.
Agregan que el concepto del Teatro Nacional no se limita a dramaturgos, escritores, músicos, actores, cantantes y otros artistas, sino que incluye también a los empresarios que financian y organizan las producciones.
«La difusión de la cultura debe mucho (por no decir casi todo) a nosotros, los que asumimos riesgos económicos y financieros», afirman.
Daños a los vehículos
Otro de sus argumentos es la dificultad de distribuir la responsabilidad por los estacionamientos cuando se celebran actividades simultáneas en las tres salas del Teatro Nacional.
Como ejemplo, plantean el caso de un acto vandálico contra un vehículo estacionado en la Plaza de la Cultura durante una noche en la que coincidan varios espectáculos.
«¿Cómo se asignaría la responsabilidad? ¿Cuál de los empresarios sería responsable?», preguntan. A su entender, dividir la vigilancia entre los productores sería prácticamente imposible y podría reducir considerablemente la capacidad de estacionamiento del complejo.
Para sustentar su posición, comparan la situación con las plazas comerciales, donde operan bancos, oficinas de servicios, tiendas, establecimientos privados y salas de eventos.
Explican que, cuando ocurre un acto vandálico en los estacionamientos de esos complejos, la responsabilidad corresponde a los propietarios de la plaza cuando los locales son alquilados o a la empresa administradora cuando los establecimientos pertenecen a sus ocupantes y la administración tiene a su cargo la custodia y vigilancia.
En el caso del Teatro Nacional, sostienen que los empresarios alquilan las salas, pero corresponde a la institución, a la Plaza de la Cultura, al Ministerio de Cultura y al Estado dominicano custodiar los espacios públicos compartidos.
Por esa razón, solicitan al presidente que instruya al Ministerio de Cultura para eliminar de los nuevos borradores contractuales cualquier disposición contraria a la práctica histórica de vigilancia y custodia de los estacionamientos.
También piden que no se les presione para firmar los documentos en las condiciones actuales bajo la advertencia de que podrían perder la posibilidad de alquilar las salas.
El segundo punto de la carta se refiere a la posibilidad de que el Estado o sus funcionarios retiren fechas previamente asignadas a los empresarios cuando una institución pública necesite utilizarlas para presentar un evento.
Los productores reconocen que esa disposición figuraba en contratos anteriores, pero cuestionan su permanencia en los nuevos documentos, especialmente por la inclusión de una cláusula que atribuye al Tribunal Superior Administrativo la competencia para conocer los conflictos relacionados con el contrato.
Según su interpretación, esa disposición supondría reconocer que el alquiler de las salas constituye un contrato administrativo, cuando consideran que se trata de un contrato comercial.
Los empresarios explican que la inclusión de esa cláusula podría convertir la disposición que permite retirar fechas en una cláusula exorbitante, admitida en el ámbito del derecho administrativo, y dificultar las impugnaciones contra las cancelaciones.
Sostienen que, sin ese reconocimiento de competencia administrativa, podrían cuestionar la cancelación de una fecha por considerar que vulnera la seguridad jurídica. Sin embargo, entienden que la nueva cláusula dificultaría considerablemente una impugnación de esa naturaleza.
Como alternativa, proponen que el contrato permita retirar fechas previamente asignadas siempre que los empresarios reciban una notificación con al menos 120 días de antelación.
También solicitan que, si el espectáculo cancelado ya está siendo anunciado, se les indemnice mediante la eliminación o el ajuste del costo de alquiler del próximo evento.
La propuesta busca proteger las inversiones realizadas en la organización y promoción de los espectáculos y reducir las consecuencias económicas de las cancelaciones.
Boletas de cortesías y alquiler
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En la carta detallan que la Sala Carlos Piantini dispone de 906 plateas, 589 asientos en el balcón y 82 palcos. Según afirman, desde hace más de diez años los contratos les exigen entregar todos los palcos y 69 de las mejores plateas por cada función.
Los productores calculan que esas 69 plateas representan casi el 8 % de la capacidad total de ese espacio y aseguran que dejan de percibir aproximadamente RD$621,000 por función, sin incluir el valor de los palcos.
De acuerdo con sus cálculos, esa suma casi duplica el precio del alquiler de la sala principal, fijado en aproximadamente RD$350,000 por noche, monto que incluye un día de montaje.
A ese costo deben agregar los equipos de sonido e iluminación actualizados, las pantallas, las tarimas, los pisos y otros recursos técnicos necesarios para cada espectáculo. También pagan las horas extras y los viáticos del personal del Teatro Nacional, además de los técnicos que contratan por su cuenta.
Los firmantes consideran que la suma de esos compromisos genera condiciones económicas inequitativas para quienes producen los espectáculos.
Por ello, solicitan reducir a 30 las plateas que deben entregar por función y que se les devuelvan al menos dos de los diez palcos, como ocurría anteriormente.
Asimismo, proponen revisar el precio del alquiler según el tiempo de utilización de la sala. Argumentan que un productor que ocupa el espacio durante una sola noche paga prácticamente lo mismo que otro que necesita utilizarlo durante varias noches, aunque su espectáculo requiera muchos días de montaje.
Reapertura del foso para 100
- El cuarto planteamiento se refiere al foso de la sala principal, un espacio que los empresarios utilizaban para instalar 100 sillas y vender entradas a los precios más altos, con el propósito de compensar parte de los costos de producción.
- Los firmantes indican que ese espacio fue cerrado para acomodar público después que colapsó la discoteca Jet Set, una tragedia en la que fallecieron más de doscientas treinta personas y unos 180 heridos.
- En la carta aclaran que no pretenden entrar en una discusión sobre el peso de los instrumentos y las escenografías que se colocan en el foso cuando no hay espectadores, aunque sostienen que esos elementos pueden pesar más que 100 personas.
- Por ello, solicitan que Abinader designe supervisores estructurales para evaluar la posibilidad de construir un andamiaje de acero que garantice la resistencia necesaria para soportar esa cantidad de personas.
- La propuesta consiste en que especialistas determinen si la estructura puede soportar esa carga y si resulta viable reabrir el espacio bajo condiciones de seguridad.
- Los productores no plantean reabrir el foso sin una evaluación previa. Su solicitud es que se realice un estudio estructural para establecer si la instalación de un soporte de acero permitiría volver a utilizarlo.
Los nuevos contratos
En la parte final de la carta, los empresarios reconocen la extensión de su comunicación y la importancia del tiempo del presidente, pero afirman que las circunstancias no les han dejado otra alternativa.
«Sabemos que nuestra misiva es larga y que su tiempo es importante pero las circunstancias no nos han dejado otra salida», expresan.
Los firmantes aclaran que no desean hacer públicas sus consideraciones ni sobrepasar la autoridad del ministro de Cultura. No obstante, atribuyen la molestia, la preocupación y la controversia surgidas entre los empresarios que trabajan en el Teatro Nacional a la persistencia de una funcionaria que califican de tercera jerarquía del ministerio.
«Es nuestra convicción que sabrá justipreciar los pedimos aquí contenidos ya que los mismos nacen de dificultades reales que se han suscitado en los últimos meses«, señalan.
Los productores sitúan el origen de esas dificultades en los últimos meses, desde la llegada de la funcionaria a la que aluden, y aclaran que no responsabilizan de la situación al director del Teatro Nacional.
Por el contrario, describen al director como una persona que ha mantenido una actitud conciliadora y ha procurado defender a la institución mientras colabora con los empresarios.