La economía dominicana enfrenta un escenario de crecientes presiones fiscales y externas, caracterizado por el encarecimiento del petróleo, las elevadas tasas de interés, la incertidumbre internacional y una deuda pública que continúa aumentando en términos absolutos. A estos factores se añade la persistencia del déficit fiscal, que obliga al Gobierno a contratar nuevos préstamos para financiar parte de sus gastos y atender compromisos anteriores.
La magnitud del desafío queda reflejada en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que contempla un déficit de 327,281.5 millones de pesos, equivalente al 3.4 % del producto interno bruto (PIB), pese a que las autoridades proyectan un crecimiento económico de 4.75 % para el próximo año.
El desequilibrio previsto representa la diferencia entre ingresos estimados en 1.51 billones de pesos y gastos por 1.84 billones. Las erogaciones crecerían un 10.5 %, frente a un incremento de 9.2 % de los ingresos, según las proyecciones presupuestarias.
La persistencia de déficits fiscales superiores al 3 % del PIB durante varios años plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para estabilizar su endeudamiento sin comprometer el gasto público productivo.
Una deuda en crecimiento
Al cierre de agosto de 2026, la deuda del sector público no financiero ascendía a 67,649.7 millones de dólares, equivalentes al 46.6 % del PIB estimado, según la Dirección General de Crédito Público.
El monto representa un incremento de aproximadamente 6,100 millones de dólares respecto de los 61,549.9 registrados al finalizar 2025, equivalente a un crecimiento nominal cercano al 9.9 % en apenas ocho meses.
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De la deuda acumulada, 48,105.4 millones de dólares corresponden a obligaciones externas, el 71.1 % del total, mientras la deuda interna alcanza 19,544.3 millones de dólares, equivalentes a 1.15 billones de pesos.
La deuda pública consolidada, que incorpora las obligaciones del Banco Central, ronda el 60 % del PIB.
Aunque la relación entre deuda y producto constituye un indicador importante de sostenibilidad, su reducción no implica necesariamente una disminución de las obligaciones nominales ni de los intereses que debe pagar el Estado.
La capacidad de sostener ese endeudamiento depende del crecimiento económico, los ingresos fiscales, el costo del financiamiento y el resultado primario de las cuentas públicas.
Intereses y recursos
El proyecto presupuestario para 2027 contempla 351,327 millones de pesos para intereses de la deuda del Gobierno central, equivalentes al 23.3 % de los ingresos previstos.
Al incorporar 44,556 millones de pesos de transferencias al Banco Central, vinculadas a su recapitalización, las obligaciones financieras consideradas alcanzan aproximadamente 395,883 millones de pesos, una suma superior a los 365,570 millones asignados a la educación preuniversitaria.
La presión también se refleja en el mercado interno.
En septiembre, el Ministerio de Hacienda adjudicó 20,000 millones de pesos en bonos domésticos con vencimiento en mayo de 2041, a una tasa de corte de 9.90 %. El rendimiento evidencia el costo de obtener financiamiento a largo plazo en moneda nacional. Su comparación con emisiones anteriores requiere considerar los distintos plazos y condiciones, pero muestra la importancia de las tasas domésticas en el servicio de la deuda.
En el mercado internacional, el Gobierno colocó en septiembre 1,600 millones de dólares en bonos soberanos al 6.85 %, con vencimiento en 2039. La operación permitió recomprar aproximadamente 1,385 millones de dólares de títulos que vencían en enero de 2027 y pagaban intereses del 5.95 %. El refinanciamiento redujo el riesgo de un vencimiento inmediato, aunque sustituyó obligaciones por otras con una tasa nominal superior en 0.90 puntos porcentuales.
Sin embargo, la percepción relativa del riesgo dominicano ha mejorado. La prima exigida por los inversionistas sobre los bonos estadounidenses de referencia disminuyó de 3.49 puntos porcentuales en 2017 a 1.81 en la colocación de septiembre. Esto significa que el país conserva confianza en los mercados, pese al encarecimiento general del financiamiento internacional.
El petróleo golpea
Otro factor de riesgo es el aumento del petróleo, impulsado por las tensiones en Oriente Medio y las amenazas al suministro internacional. El Brent llegó a rozar los 110 dólares por barril el viernes 16 de octubre, mientras el West Texas Intermediate alcanzó niveles superiores a los 100 dólares durante la jornada.
Para una economía importadora de hidrocarburos, el encarecimiento del crudo aumenta los costos del transporte, la generación eléctrica y la producción, además de generar presiones inflacionarias.
El impacto también alcanza a las finanzas públicas. Los subsidios gubernamentales a los combustibles han superado los 38,000 millones de pesos durante 2026, y nuevas alzas sostenidas podrían incrementar esa factura.
El mantenimiento de subsidios generalizados, sin distinguir suficientemente entre consumidores según su capacidad económica, añade presión a un presupuesto que ya enfrenta elevados compromisos financieros.
Crecimiento económico y sostenibilidad
La evolución del PIB constituye un factor decisivo para determinar la capacidad del país de atender sus obligaciones. Después de crecer un 5 % en 2024, la economía dominicana se desaceleró hasta el 2.1 % en 2025.
Durante los primeros ocho meses de 2026, la actividad económica acumuló una expansión interanual de 4.5 %, según el Banco Central, mientras el crecimiento correspondiente únicamente a agosto fue de 3.8 %. Para 2027, las autoridades proyectan una expansión real de 4.75 %, acompañada de una inflación promedio de 4.5 %.
El crecimiento favorece la sostenibilidad fiscal porque amplía la base económica sobre la cual se recauda y puede reducir el peso relativo de la deuda. Sin embargo, cuando el interés efectivo promedio del endeudamiento supera el crecimiento nominal del PIB, mantener estable la relación deuda/producto exige un esfuerzo fiscal mayor. En ese contexto, el déficit recurrente constituye una vulnerabilidad adicional.
El proyecto presupuestario de 2027 contempla un superávit primario de apenas 24,045.5 millones de pesos, equivalente al 0.3 % del PIB. Esto significa que los ingresos superarían ligeramente los gastos antes de intereses, pero no lo suficiente para evitar un déficit global de 3.4 %.


