Francia amaneció el domingo entre escaparates destrozados, vehículos calcinados y edificios públicos incendiados, después de que una movilización contra el encarecimiento de la vida desembocara en graves disturbios. Los asaltos a comercios, incluidas boutiques de lujo, extendieron la destrucción por París y otras ciudades, mientras el Gobierno afrontaba cuestionamientos sobre su capacidad para anticipar y contener la violencia.
El balance provisional superaba los 2,000 detenidos y los 600 heridos entre policías, gendarmes y bomberos, según el Ministerio del Interior. Un manifestante murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en París. Las cifras aumentaron considerablemente respecto de las comunicadas el sábado, cuando las autoridades contabilizaban 1,200 arrestos y 150 agentes lesionados.
Entre los civiles, cuya cifra nacional de heridos seguía sin consolidarse, destacó el caso de un joven que perdió una mano en Saint-Étienne.
Investigación
Las autoridades abrieron una investigación. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, evitó confirmar inicialmente las versiones que atribuían la lesión a la explosión de una granada policial. El episodio reavivó el debate sobre las armas utilizadas para controlar manifestaciones.
En París, grupos encapuchados rompieron vitrinas y vaciaron establecimientos mientras otros participantes levantaban barricadas y se enfrentaban con los antidisturbios. Le Monde documentó saqueos en la boutique Céline de la avenida Montaigne y destrozos en tiendas Kenzo, Salomon y Arc’teryx. Entre gases lacrimógenos, turistas con bolsas de compras intentaban abandonar las calles por las que circulaban saqueadores cargados de mercancías.
La destrucción también alcanzó supermercados, bares y pequeños negocios. La Federación del Comercio y de la Distribución estimó en unos 1,500 los establecimientos vandalizados y advirtió de pérdidas de cientos de millones de euros, todavía pendientes de evaluación. Carrefour informó de medio centenar de locales afectados. Su dirección anticipó reparaciones superiores a diez millones de euros y reducciones temporales de actividad que perjudicarán a trabajadores de sus franquicias.
Los ataques contra edificios públicos agravaron la conmoción. En Limoges, un incendio devastó el histórico ayuntamiento; en Lyon ardió la oficina de turismo, y en Burdeos fue saqueada la residencia de la prefectura. En Marsella, encapuchados irrumpieron en el consistorio y provocaron destrozos.
Malestar acumulado
La protesta reunió un malestar acumulado por el precio de los combustibles, los alimentos y la energía, junto con reclamaciones por el deterioro de los servicios públicos. Las movilizaciones estudiantiles iniciadas en septiembre confluyeron con sindicatos y participantes del movimiento de los chalecos amarillos. La CGT reclamó mejores salarios y pensiones, precios más bajos y protección de los servicios públicos.
Esas demandas movilizaron pacíficamente a cientos de miles de personas. El Gobierno atribuyó los disturbios a grupos de ultraizquierda y a delincuentes que aprovecharon el desorden para saquear. Las crónicas describen enfrentamientos organizados y pillaje oportunista: comportamientos distintos que impiden atribuir una motivación única a todos los responsables.
Las consecuencias inmediatas incluyen cierres comerciales, pérdida de ingresos y costosas reparaciones. París anunció asistencia para tramitar seguros y evaluar daños; Marsella prometió ayudas de emergencia. Macron preparaba un mensaje al país, mientras crecían las críticas al dispositivo policial. El Ejecutivo afronta ahora la presión simultánea de restablecer la seguridad y responder a las demandas sociales que originaron las marchas.
Con “ira y vergüenza”, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó ayer los disturbios y saqueos registrados en varias ciudades del país, anunció medidas para reforzar la seguridad, prometió transparencia sobre la actuación policial e iniciativas para responder a las demandas de los estudiantes y de los ciudadanos acuciados por la inflación.
“Esta noche todos sentimos ira y vergüenza”, afirmó Macron en una declaración solemne televisada de diez minutos de duración, un día después de los graves incidentes ocurridos durante las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida, y que continuaron el domingo especialmente en París. Disturbios, ataques contra edificios públicos, pillajes y daños a centenares de comercios, que atribuyó a grupos de extrema izquierda y delincuentes, pero pidió distinguir entre los responsables de los actos violentos y los manifestantes que plantean reivindicaciones legítimas.
Macron reclamó al Gobierno, y en particular al ministro del Interior, Laurent Nuñez, que extraiga conclusiones sobre la gestión policial de las protestas y garantice la transparencia. “Espero respuestas claras”, manifestó Macron.
El jefe del Estado anunció que los prefectos podrán prohibir determinadas concentraciones para proteger las ciudades, los edificios públicos y los comercios, cuyos daños se contabilizan por cientos de millones de euros, aunque aún no hay una cifra precisa.