El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó que las autoridades responsables de la seguridad ciudadana, incluida la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, comparezcan ante el Congreso Nacional para explicar las muertes registradas durante intervenciones de agentes policiales.
En una rueda de prensa de este lunes, el dirigente de la organización, Temístocles Montás, expresó su preocupación por la frecuencia de estos hechos y la falta de información pública sobre las investigaciones realizadas para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron.
«Lo que estamos planteando es la interpelación; que el Congreso interpele al director de la Policía y, obviamente, pienso que es prudente que se interpele a la ministra de Interior y Policía«, dijo.
La organización opositora planteó la necesidad de que las autoridades rindan cuentas sobre los fallecimientos reportados como resultados de supuestos intercambios de disparos, así como sobre los protocolos de uso de la fuerza y los mecanismos de supervisión de la institución.
El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, indicó que según cifras de trabajos publicados en la prensa nacional, durante septiembre se registraron 55 muertes clasificadas como resultado de actuaciones policiales. Asimismo, señaló que organismos defensores de los derechos humanos han denunciado más de 180 fallecimientos durante intervenciones de agentes en los primeros meses del año.
«El Gobierno debe comprender que su obligación no consiste solamente en reducir los delitos, sino también en impedir que quienes actúan en nombre del Estado violen los derechos fundamentales de los ciudadanos», manifestó.
El dirigente también cuestionó que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya ofrecido estadísticas suficientes sobre las investigaciones iniciadas, los agentes sometidos a la justicia y los resultados de los procesos relacionados con estas muertes.
En ese contexto, recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha llevado denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que el Comité Dominicano de los Derechos Humanos ha cuestionado la reiteración de fallecimientos presentados como intercambios de disparos.
Montás advirtió que también existen denuncias de personas que presuntamente habrían sido ejecutadas después de rendirse o encontrarse bajo control policial. En ese sentido, sostuvo que, de comprobarse estas acusaciones, constituirían graves violaciones de los derechos fundamentales que deben ser investigadas y sancionadas.
Otras demandas del PLD
Además de la interpelación, el partido solicitó al presidente Abinader emitir una instrucción pública que garantice el respeto al derecho a la vida y prohíba expresamente el uso de fuerza letal injustificada contra personas que no representen una amenaza inmediata.
También reclamó al Ministerio Público investigaciones independientes, rigurosas y oportunas sobre todas las muertes ocurridas durante intervenciones policiales, especialmente aquellas en las que existan denuncias de ejecuciones posteriores a la rendición.
Asimismo, pidió la PGR publique estadísticas periódicas sobre los fallecimientos, expedientes abiertos, investigaciones concluidas y agentes procesados, respetando las reservas legales correspondientes.
El PLD propuso, además, fortalecer la supervisión externa, preservar las pruebas, incorporar registros audiovisuales de los operativos y proteger a testigos y familiares de las víctimas.
De igual forma, pidió investigar posibles responsabilidades de mando, tolerancia o encubrimiento cuando existan pruebas de actuaciones ilegales, así como profundizar la reforma policial mediante la profesionalización, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales.
Supervisión
El PLD aclaró que no está afirmando que exista una orden presidencial para ejecutar personas, pero consideró necesario determinar si los hechos denunciados responden a actuaciones individuales, deficiencias de supervisión o prácticas institucionales toleradas.
La organización reconoció el derecho de los policías a defender sus vidas y las de terceros ante amenazas reales e inminentes. Sin embargo, insistió en que esa facultad no permite utilizar fuerza letal injustificada contra personas rendidas, detenidas o bajo control policial.