Un teléfono móvil guarda mucho más que fotos y contactos, ya que también almacena conversaciones, documentos y otros datos que podrían ser importantes en una investigación policial. En este contexto, la Guardia Civil ha adquirido una herramienta que permite realizar registros automáticos a distancia en móviles Android y iPhone, sin tener el dispositivo presente de forma física.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud, el contrato supone una inversión de 2,5 millones de euros, impuestos incluidos. Y la Guardia Civil lo ha adjudicado a Fortier Europe, S.L.U., una empresa con sede en Boadilla del Monte, Madrid. La sociedad ya aparece en varias adjudicaciones del Ministerio del Interior para dotar de tecnología especializada a las fuerzas y seguridad del Estado.
¿Cómo funciona el sistema?
El sistema está diseñado para instalar software en los teléfonos investigados y acceder a la información almacenada y sus comunicaciones. Según la documentación del contrato recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es compatible con Android y iOS. Pero la principal diferencia respecto a un análisis convencional es la forma de acceder al dispositivo.
Tal y como explican desde El Digital de Albacete, dentro de una investigación habitual, ya no será necesario tener que incautar el teléfono para examinarlo después, sino que se podrá realizar el registro de forma remota a través de medios telemáticos. Dicho esto, el sistema es un misterio porque se desconocen muchos de los detalles sobre su funcionamiento.
En concreto, no se identifica al fabricante del software, no se han desvelado las técnicas que utiliza para instalar el programa, qué funciones ofrece ni si, en determinadas circunstancias, necesita acceder de forma física al móvil antes de intervenirlo. Solo se conoce que es un tipo de tecnología de investigación digital bajo las condiciones de la legislación procesal penal.
La Guardia Civil no puede acceder a cualquier teléfono
Aunque la Guardia Civil disponga de esta tecnología, no significa que puedan acceder por sí al teléfono de cualquier persona. Esto lo respalda la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 588), que dictamina una serie de condiciones específicas para utilizar la herramienta. Se exige una autorización judicial motivada y limita estos registros a determinadas investigaciones.