La intervención de un alto funcionario del Departamento de Estado ante periodistas, el 26 de octubre de 2026, ofrece el compendio más acabado de la hoja de ruta que Estados Unidos se planteó para la transición venezolana. Expone la secuencia de reformas judiciales y electorales, el papel que correspondería a Delcy Rodríguez al declarar la vacante permanente de la Presidencia y las garantías políticas y económicas que Washington considera necesarias para sostener el proceso.
El funcionario habló bajo condición de anonimato, con autorización para atribuir sus declaraciones a su cargo. Lo que sigue es una traducción al español de su intervención publicada en inglés; no es una traducción oficial estadounidense. Las afirmaciones y valoraciones corresponden al orador.
MODERADOR: Buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta conferencia telefónica de prensa sobre Venezuela. Para comenzar, estas son las condiciones: la información de esta llamada podrá utilizarse atribuyéndola a un alto funcionario del Departamento de Estado, sin identificarlo por su nombre. Reitero: podrá atribuirse a un alto funcionario del Departamento de Estado. Dicho esto, cedo la palabra a nuestro interlocutor.
Alto funcionario del Departamento de Estado:
Bien. La razón por la que voy a intervenir bajo estas condiciones de atribución es que se trata de una explicación extensa y de carácter muy técnico, que permitirá establecer las bases.
Sé que algunos de ustedes viajaron para cubrir la cuarta ronda de conversaciones sobre el proceso de transición y reconciliación en Venezuela. Ese proceso no ha recibido tanta atención como otros asuntos de mayor repercusión relacionados con la economía, los acuerdos petroleros, etcétera. Pero me pareció importante levantar un poco el telón y permitirles ver exactamente cómo prevemos que se desarrolle, para beneficio de todos los involucrados.
Permítanme establecer primero el contexto. Algunos probablemente ya conocen parte de esto porque han cubierto Venezuela durante años y América Latina en general. Para otros quizá sea nuevo, así que disculpen si algo resulta repetitivo.
Básicamente, como ocurre en muchos países del hemisferio occidental que siguen la tradición del derecho civil, los tribunales constituyen la institución más poderosa en muchos casos, especialmente bajo regímenes autoritarios. Estos utilizan los tribunales para declarar legal o ilegal prácticamente cualquier cosa que deseen y para decidir todo tipo de asuntos en el país.
En Venezuela, esa institución es el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ. Desde hace mucho tiempo ha sido un instrumento del régimen y de Maduro, y eso se intensificó considerablemente en 2015. De hecho, fue el TSJ el que dictaminó que la Asamblea Nacional era ilegal. Fue el TSJ el que sentó las bases para una asamblea constituyente que la sustituyó por una nueva Asamblea Nacional. Es el TSJ el que controla todo allí. Por tanto, es la institución más poderosa. Eso es lo primero que hay que entender.
Lo segundo tiene que ver con las elecciones. En Venezuela las organiza el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Ese consejo no es simplemente una oficina encargada de administrar las elecciones.
Yo vivo en un condado de Estados Unidos donde las autoridades electorales organizan los comicios: instalan las máquinas y contabilizan los votos. En teoría, este consejo hace eso, pero también hace mucho más. Decide qué partidos pueden inscribirse y quién puede presentarse como candidato. Así fue como inhabilitaron a María Corina, por ejemplo, y a muchas otras personas. Edmundo terminó siendo una especie de candidato por descarte porque se olvidaron de excluirlo.
Con ese contexto, permítanme retroceder un poco para explicar por qué estos esfuerzos fracasaron en el pasado.
Recordarán que, durante el Gobierno de Biden, se negoció extensamente con el régimen de Maduro para celebrar nuevas elecciones en 2024, y se alcanzó un acuerdo para ello. Como resultado, el Gobierno de Biden otorgó al régimen de Maduro todo tipo de concesiones, incluido el alivio de sanciones. También liberó a los sobrinos de Cilia, la esposa de Maduro, condenados por narcotráfico. Liberó a Alex Saab como parte de ese acuerdo. Todas fueron concesiones irreversibles.
Venezuela y el régimen de Maduro procedieron entonces a celebrar elecciones en 2024, pero lo hicieron con el antiguo TSJ y el antiguo CNE; en esencia, con la estructura existente.
No se pueden celebrar elecciones libres y justas, aceptadas por ambas partes y por todos los sectores de un país, mientras esa estructura siga en pie. Por tanto, hay que sustituirla. Hay que desmontarla y reemplazarla por algo nuevo. No puede haber elecciones creíbles en ese país sin hacerlo.
Proceso de transición
Esos son los pasos que estamos procurando dar mediante estas conversaciones.
¿En qué punto nos encontramos? Hablemos primero del TSJ, sobre el cual se alcanzó un acuerdo esta semana.
Tanto la oposición, representada por la Asamblea Nacional de 2015, como, en esencia, los representantes del PSUV, el partido en el poder, a través de Jorge Rodríguez, han acordado designar miembros para un comité. Cada parte ha nombrado a sus integrantes. Se trata de un órgano concebido como un comité de postulaciones judiciales, que estudiará las candidaturas y propondrá a 32 personas para convertirse en magistrados del TSJ.
La clave era garantizar que las personas que integraran ese comité de selección fueran figuras de reconocida legitimidad y no simples operadores partidarios.
Si observan la lista de personas propuestas tanto por el partido gobernante —el partido de Maduro o de Chávez— como por la oposición, verán que está integrada casi enteramente por profesores de Derecho y personas de considerable prestigio. No son actores políticos propiamente dichos, y eso constituye un avance muy positivo.
Ese grupo debe reunirse ahora y elaborar una lista de 32 nuevos magistrados para el TSJ. El objetivo es que, antes de que concluya este año calendario, es decir, para mediados de diciembre, haya un nuevo TSJ en funciones.
Así funcionará: el comité elaborará los 32 nombres y los presentará a la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez tendrá que conseguir la aprobación de esos nombres, acordados por el comité y por ambas partes.
Reformas electorales
Antes de que termine este año deberíamos tener una nueva corte suprema. No es exactamente como nuestra Corte Suprema; en muchos sentidos es incluso más poderosa. Pero, en esencia, deberíamos tener un TSJ completamente nuevo en Venezuela.
La segunda cosa que debe ocurrir, y que se está desarrollando simultáneamente —de hecho, ya estamos comenzando esa conversación de cara a la próxima ronda—, es reformar primero el CNE y después sustituir a sus integrantes.
Seguiremos un proceso muy parecido, aunque en este caso no será necesaria la ratificación de la Asamblea Nacional.
Estableceremos un comité similar de expertos para proponer a los integrantes del CNE. Así tendremos nuevos miembros, pero también se modificará, mediante acuerdo entre ambas partes, la naturaleza del organismo.
- El CNE pasará a ser básicamente una plataforma técnica. Se eliminarán todos sus componentes políticos. Es decir, ya no estará en condiciones de excluir candidatos de las papeletas ni de decidir quién puede presentarse y quién no.
Su única función será equivalente a la de nuestras oficinas electorales en los respectivos condados de los 50 estados y territorios de Estados Unidos: instalar las máquinas, abrir los centros de votación, contar los votos y comunicar los resultados. Será un CNE sin funciones políticas.
Una vez que esas dos cosas estén listas —el nuevo TSJ a finales de este año y el nuevo CNE muy poco después, un trabajo que ya está comenzando—, lo que debería ocurrir es que se declare una vacante en la Presidencia. Delcy tendrá que declarar una vacante permanente.
Hasta ahora no lo han hecho. Una vez declarada esa vacante permanente, se activa, conforme a la Constitución vigente, un período de seis meses para celebrar nuevas elecciones.
Ese nuevo CNE, sin funciones políticas, determinará entonces la fecha de las elecciones y cuándo deben celebrarse.
El problema es el siguiente: si no tenemos un nuevo TSJ y un nuevo CNE, no podemos celebrar elecciones creíbles. No podemos hacerlo porque quien pierda alegará que la otra parte hizo trampa, o porque la estructura existente que controla esas dos instituciones impedirá que las elecciones sean creíbles.
Por tanto, hay que construir la arquitectura de unas elecciones creíbles antes de convocarlas o celebrarlas.
Pueden instalar centros de votación y organizar otras elecciones el mes próximo, pero no serían elecciones justas ni libres.
A todo eso se añade el entorno político.
No se pueden celebrar realmente elecciones creíbles en un país —aunque tenga un nuevo CNE y un nuevo TSJ— si no se permite que los partidos se constituyan y funcionen; si no pueden hacer campaña; si no hay una prensa libre a la que puedan acceder; si no tienen oportunidades de utilizar la radio y la televisión del país; si no tienen acceso a Instagram, X o cualquier otra red social que quieran utilizar para comunicarse con los votantes; o si los candidatos no pueden desplazarse libremente por el territorio.
Así que, tanto al margen de las conversaciones como dentro de ellas, existe el propósito de seguir abriendo espacios políticos.
No sé si lo han visto, pero, por ejemplo, una de las personas de mayor confianza de María Corina, su asesora de comunicación y una de sus principales estrategas, estuvo refugiada en la embajada argentina durante un año y medio, como una rehén. Después se facilitó su salida del país.
Regresó a Venezuela hace aproximadamente un mes. Llegó por el aeropuerto y pasó por la aduana. Está actuando abiertamente en el país. Ofrece conferencias de prensa. La he visto conceder entrevistas en la televisión nacional venezolana.
Necesitamos más de eso. Necesitamos más porque no puede haber elecciones si los actores políticos no pueden expresarse sin temor a represalias, detenciones y cosas de esa naturaleza.
Ese es realmente el propósito y la razón por la que queremos desarrollar el proceso de esta manera: queremos unas elecciones que dejen como resultado una república duradera.
Ahora bien, quisiera señalar dos cosas.
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La primera: invito a cualquiera a estudiar, como lo hemos hecho otros y yo, la historia de las transiciones democráticas. Y no hay ejemplos de una transición democrática pacífica, ciertamente en tiempos recientes. Casi todas las transiciones democráticas pacíficas han requerido trabajar con algunas de las autoridades existentes en el país para conseguirlas.
Esa fue la experiencia después de la Guerra Fría. Esa fue la experiencia en Paraguay, en España y en Portugal. Esa ha sido la experiencia en un país tras otro.
Eso no significa que se quiera mantener indefinidamente a las autoridades actuales. Simplemente reconoce que, para que una transición sea pacífica, se necesita la aceptación y la cooperación de la otra parte, especialmente de quienes controlan los servicios de seguridad del país.
Eso, si se quiere que sea pacífica.
Desafíos futuros
La otra forma de lograr una transición democrática es mediante una guerra civil: personas armadas enfrentándose a otras personas armadas, y quien gane se impone.
Pero preferiríamos que no hubiera derramamiento de sangre, inestabilidad ni guerra civil. Preferimos un proceso de transición pacífica. Por eso tenemos que trabajar con las autoridades interinas para realizar todas estas reformas y utilizar nuestra capacidad de presión para garantizar que sigan avanzando a un ritmo adecuado.
Si algo nos ha retrasado, fue un terremoto que durante unas ocho semanas concentró la atención del país y nuestra respuesta en la asistencia humanitaria a esa crisis. Aun así, estamos avanzando satisfactoriamente.
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Creo de todo corazón que estas conversaciones representan la primera, probablemente la última y la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela de alcanzar una república duradera, no solo para un ciclo electoral, sino para el futuro.
Ahora bien, Venezuela enfrenta muchos otros desafíos.
Quiero que imaginen por un momento que celebramos elecciones en febrero y que, a efectos de este ejemplo, María Corina Machado resulta elegida presidenta de Venezuela y asume el poder.
¿Qué recibe?
Recibe un Gobierno cuyas instituciones fueron construidas por el régimen anterior. Todas las fuerzas de seguridad fueron conformadas durante 30 años por el régimen anterior, lo que significa que están completamente controladas por sectores chavistas.
La economía se encuentra en una situación crítica. El país enfrenta la mayor crisis de deuda del mundo por habitante o como porcentaje del producto interno bruto. Son desafíos enormes.
Caracas vuelve a convertirse en la capital de los homicidios del hemisferio occidental, quizá del mundo. Hay problemas de delincuencia endémica. Todos estos son desafíos muy reales.
Estamos enfrentando algo parecido ahora mismo en Bolivia, donde hay un nuevo presidente que encuentra dificultades porque el aparato de seguridad y muchas otras estructuras del país son producto del Gobierno de Evo Morales y no necesariamente responden a las instrucciones de los dirigentes elegidos.
- En Venezuela sería exponencialmente peor.
Por eso se habla de la necesidad de que las reformas económicas acompañen a las reformas políticas.
Si se quiere que un Gobierno elegido democráticamente tenga éxito, no se le puede dejar cargando con una calamidad económica.
Porque, por muy contenta que esté la gente de haber celebrado elecciones, sigue queriendo comer. Sigue queriendo pagar sus facturas. Sigue queriendo un suministro eléctrico que no sufra apagones crónicos.
No quiere lidiar con una inflación elevada y, desde luego, estará descontenta si el país está desbordado por los delincuentes.
Estas cuestiones son importantes porque nuestro objetivo no consiste simplemente en celebrar elecciones. Nuestro objetivo es darle a Venezuela las mejores posibilidades de tener una república duradera, capaz de sobrevivir más allá de una sola elección.
De lo contrario, se crean las condiciones para una experiencia como la de Nicaragua, donde los sandinistas terminaron regresando al poder después de que el descontento con los partidos no sandinistas llevara a la elección de Ortega. Ahora ha acaparado el poder y se ha convertido nuevamente en dictador.
También queremos evitar ese desenlace.