El expresidente Santiago Peña quedó desde este sábado bajo prisión preventiva, un día después de su destitución en un juicio político por el cierre debido a problemas de solvencia de Ueno Bank en Paraguay, donde el entrante gobierno de Pedro Alliana busca dar por superada esa crisis puntual.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó que Peña permanezca en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción, la capital del país, adonde fue trasladado el viernes, luego de que fuese declarado culpable por el Senado de «mal desempeño de funciones».
El exmandatario terminó salpicado por la debacle de Ueno, que golpeó a unos 2,94 millones de clientes, muchos de ellos ciudadanos del común, pero también instituciones públicas que trasladaron durante la gestión de Peña millonarios fondos hasta la finiquitada institución financiera.
Acusación
El Ministerio Público imputó formalmente a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, después de que compareciera a declarar en una diligencia que debió trasladarse hasta la Fiscalía General para garantizar la seguridad del exmandatario.
Ambos delitos «en su modalidad agravada» pueden ser castigados con hasta 10 años de prisión, dijo el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Christian Benítez en una rueda de prensa.
- Peña llegó vestido de pantalón y camisa blanca y acompañado por un reducido grupo de escoltas, mientras periodistas y algunos afectados aguardaban por su ingreso al ente investigador.
La imputación fiscal indica que el expresidente «habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales» en ese banco.
Además, «habría mantenido una relación económica y corporativa previa» con Ueno Holding, un grupo empresarial que incluye a la finiquitada entidad financiera.
En concreto, detalla el documento, tenía acciones en Ueno Holding, que representaban el 1,58 % del capital de esa compañía, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, todas estas compañías del Grupo Vázquez.
En marzo de 2025, estando ya en el poder, vendió la participación en el conglomerado, según relató la acusación de los diputados que promovieron el juicio político en su contra.
Por ello, el juez Otazú argumentó, tras una audiencia de imposición de medidas, que Peña «debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento».
Nuevo gobierno
Y mientras Peña sigue detenido, Alliana, quien fue su vicepresidente, acudió a primera hora al Palacio de López, sede del Ejecutivo en Asunción, para arrancar su jornada con reuniones con ministros y abordar asuntos prioritarios como la salud, en particular la dotación de medicamentos, y la atención a los afectados por Ueno, cuando ha empezado la devolución de los ahorros a una cuenta del Fondo de Garantía de Depósitos.
En una conferencia de prensa, el titular interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta, cifró en 1.196.000 las «personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal» con transferencias que, aseguró, ascienden a 996.000 millones de guaraníes o el «equivalente a 160 millones de dólares».
Las cifras corresponden a dos días de desembolsos, que comenzaron el jueves. Para agilizar la apertura de nuevas cuentas, distintos bancos abrieron sus puertas este sábado para atender a los perjudicados por Ueno.
El nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, anticipó igualmente, en diálogo con la radio ABC Cardinal, que el nuevo Ejecutivo recurrirá a países «aliados», que no identificó, para rastrear y «saber dónde está el dinero» manejado por Ueno.
Alliana también avanzó en la conformación de su equipo de ministros, en el que destacan el titular del Interior, Ariel Martínez, y el jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros.
El entrante gobierno, dijo en un mensaje difundido por la Cancillería, haber salido «fortalecido de esta crisis puntual», y destacó que «la respuesta institucional» demuestra que en el país «rige el Estado de derecho».
Pero, además, en un mensaje a través de X, Alliana manifestó a Estados Unidos su compromiso de «seguir fortaleciendo» la alianza estratégica entre ambos países.