Unos 521 exguerrilleros de las FARC que firmaron la paz en Colombia han sido asesinados en diez años del histórico pacto que desarmó al grueso de los rebeldes, según un informe de la Defensoría del Pueblo publicado el miércoles.
Aunque el acuerdo de noviembre de 2016 redujo sensiblemente la violencia de uno de los conflictos más crueles de América, una década después las zonas apartadas sufren la peor arremetida de los grupos armados.
El organismo, encargado de velar por los derechos humanos en el país, advirtió que los mayores responsables de los asesinatos de excombatientes son narcotraficantes y rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz y hoy se disputan a muerte el control de las economías ilícitas.
«La paz necesita que las personas que dejaron las armas puedan continuar sus proyectos de vida sin amenazas; que las víctimas reciban justicia y reparación«, señala el reporte.
Los registros de la Defensoría del Pueblo
Según la Defensoría, el año pasado los asesinatos de exguerrilleros aumentaron un 38.5%, en momentos en los que el país rompe su propio récord mundial de producción de cocaína.
Pese a esta persecución, unos 11,000 excombatientes siguen cumpliendo el acuerdo de los más de 14,100 que lo firmaron.
- El pacto permitió que una fuerza campesina levantada en armas bajo la influencia del comunismo entregara sus fusiles a cambio de ejercer política y tener garantizada representación en el Congreso por ocho años.
- También estableció penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y se comprometan a no volver a la violencia.
En el poder desde hace tres meses, el presidente derechista Abelardo de la Espriella sepultó cualquier posibilidad de paz con los grupos armados y se comprometió a doblegarlos bajo el lema de «tumba o cárcel«.
La entidad pide no «interrumpir los procesos» en curso ni «debilitar» los avances alcanzados en este país azotado por un conflicto armado de seis décadas.
En una entrevista con la AFP la semana pasada, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que «nadie quiere parar la guerra» en Colombia.
«Los grupos armados no quieren parar la guerra y lo han demostrado. Son crueles, no han aprovechado las oportunidades de paz. Y el gobierno nacional, por esa misma razón, tampoco va a parar la guerra«, explicó.
El informe también señala el aumento de un 740% en los desplazamientos forzados entre 2017 y 2025.
También destaca «rezagos» en la reparación a las víctimas y profundas brechas de desigualdad.