Juez español investiga la querella contra Julio Iglesias

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El juez de la Audiencia Nacional española Antonio Piña ha admitido a trámite y ya investiga la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró en un principio que los tribunales españoles no eran competentes para investigar estos hechos, de modo que las exempleadas del cantante decidieron presentar una querella directamente en el juzgado.

Tras estudiar el caso, el juez ha admitido la querella al considerar que el relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba que se aporta «son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad».

Además del relato, la querella aporta la fotografía donde se puede ver un moratón en un brazo y dos marcas en los muslos que «pueden corresponderse con la mordedura de una persona», así como conversaciones, según el auto.

El juez acepta investigar lo relativo a los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, y rechaza la querella respecto de los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores.

Dos antiguas empleadas -una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta- acusan a Julio Iglesias de haberlas sometido a «situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas», así como lesiones y vejaciones en 2021, cuando éste tenía 77 años, en las casas del artista en República Dominicana y Bahamas.

Una de ellas sostuvo que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

«Omisión» de hechos

En el auto, el juez señala que la querella puede ofrecer «un relato mutilado» al limitar la narración de los hechos a Julio Iglesias, «prescindiendo de la participación» que tendrían dos administradoras de las casas a quienes también se les imputan «actos sexuales» contra las denunciantes.

Estas «importantes lagunas» y «omisiones» en la narración que «difícilmente pueden considerarse casuales», parecen responder, según el juez, «al propósito deliberado de favorecer» que sea la Justicia española quien investigue estos hechos.

El juez llega a cuestionar así que se presente la querella en España porque esto puede determinar «la fragmentación del conocimiento de unos hechos» que aconsejarían «un enjuiciamiento conjunto«.

Todo esto, dice Piña, plantea «necesidades de cooperación y delimitación del procedimiento», pero considera que no excluye «la jurisdicción legalmente atribuida» por ser Julio Iglesias español.

Aún así, admite que investigar la querella tal y como plantean las denunciantes suscitará un problema: el tratamiento que se deba dar a la intervención de estas dos administradoras de la casa porque «tendrían evidentes limitaciones en su declaración» en España.

La querella no se dirige contra ellas, ni podrían ser imputadas en España dado que la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar delitos cometidos por extranjeros, fuera de España y contra personas extranjeras.

Por tanto, su declaración en la causa sería en calidad de testigos, con obligación de decir verdad, «lo que podría interferir con el derecho de defensa del que podrían disponer en un posterior proceso dirigido frente a ellas».

Pese a los «problemas procesales que se mencionan», el juez considera que «no obstan para que la querella sea admitida a trámite«.

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