(CNN Español) — La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio, dictó entre tres y seis meses de prisión preventiva a siete implicados en el llamado «Caso FM», donde se investiga el posible lavado de activos provenientes del narcotráfico. Entre los afectados por la medida se encuentran una exdiputada, que también ocupó el cargo de viceministra de Trabajo, y un exdirector regional de Migración.
Gladys Azcona, exviceministra de Trabajo y exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en la prisión de Najayo Mujeres, en San Cristóbal. Dos familiares de Azcona también están acusados de integrar la supuesta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico e igualmente recibieron tres meses de prisión preventiva.
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El abogado de Azcona, Bunel Ramírez, calificó de «arbitraria» la decisión judicial contra la exviceministra, negó los cargos que le imputan a su cliente e informó que podría apelar la medida.
Según la acusación del Ministerio Público, Azcona y otros imputados en el caso crearon una empresa de transporte con la finalidad de dar apariencia lícita a las grandes cantidades de dinero que la red ingresaba desde Estados Unidos. Asimismo, el expediente afirma entre 2011 y 2021 la exviceministra habría el equivalente a más de US$ 2 millones en el sistema financiero nacional, sin un perfil económico que sustentara la legalidad de esos fondos.
Por su parte, al exfuncionario de Migración, Juan Isidro Pérez de la Rosa, se le impuso seis meses de prisión preventiva en la cárcel Rafey Hombres, de Santiago.
La acusación involucra en estas operaciones a familiares de Pérez de la Rosa, algunos de los cuales habrían participado en el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Al igual que Pérez de la Rosa, recibieron seis meses de prisión preventiva. Al concluir la audiencia, la defensa de Pérez de la Rosa no dio declaraciones a la prensa.
Según el Ministerio Público, el «Caso FM» está vinculado a una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico. En agosto de 2020, a esa red se le incautaron unos US$ 4,3 millones dentro de bocinas de sonido en la Aduana, a punto de ingresar al país.
La Justicia dominicana ha declarado el caso como «complejo». Según el artículo 370 del Código Procesal Penal del país, cuando un caso recibe esa denominación, el Ministerio Público tiene un máximo de 16 meses para terminar su investigación y presentar acusaciones formales, en caso de que procedan.