Ecuador ha destinado 2.1 millones de dólares este 2022 para 21 casas de acogida y atención integral de mujeres víctimas de violencia machista, tras un proceso de adjudicación con que el Estado ha validado la labor de acogimiento de los centros.
En total, son cuatro casas de acogida y el resto recintos de atención integral o intermedios los que recibirán fondos para continuar apoyando a las sobrevivientes de violencia de género en diferentes puntos del territorio nacional, gracias a convenios que les permitirán recibir recursos estatales y de la cooperación internacional.
«La última vez que tuvieron un aumento fue hace tres años», manifestó este martes la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, quien precisó que cada casa de acogida recibirá 106.000 dólares para este año.
El proceso de adjudicación de convenios con los centros contó con un nuevo reglamento que permitió al Gobierno respaldar su gestión de manera directa, circunvalando el trámite público que hasta la fecha está a cargo de los gobiernos locales.
«Todavía tenemos muchos procesos que mejorar, la prioridad son contratos y convenios seguros, para ustedes y para la seguridad jurídica de sus organizaciones», trasladó la secretaria a responsables de los lugares de acogimiento para las víctimas del machismo, en un acto desarrollado en el Parque Guápulo de Quito.
En ese escenario, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, representantes de los centros de acogida, de organismos y donantes como la OIM y la Cooperación Alemana (GIZ), rindieron homenaje a las 25 víctimas de femicidio que contabiliza Ecuador en lo que va de año.
Karina Ponce, de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), una de las organizaciones beneficiarias, recordó que desde que se tipificó el femicidio en la legislación ecuatoriana en 2014, ascienden a 541 mujeres las asesinadas por su condición de género.
«La violencia afecta a 7 de cada 10 mujeres en el país con diferentes tipologías, más acentuada en unas provincias que en otras», aseguró sobre unas cifras que conducen a las organizaciones a esperar «una actuación del Estado».
La Asociación que representa concurrió por primera ocasión a una convocatoria estatal que concluyó con la suscripción del convenio, lo que confió en que permita «retomar esa confianza en el Estado, y en el buen manejo de los recursos públicos».
En noviembre pasado, el Gobierno ecuatoriano anunció un incremento del presupuesto estatal de los 1.5 millones de dólares a los 24 millones para erradicar la violencia contra la mujer, e iniciativas como el registro único de violencia con el que podrán coordinarse esfuerzos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.