La Comisión de Amnistía del Gobierno brasileño negó este jueves el pedido de indemnización solicitado por la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) por haber sido víctima de persecución política durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
Rousseff, que fue arrestada y torturada por su vinculación con un grupo de oposición a la dictadura, solicitaba el pago de una pensión de 10.700 reales (unos 2.140 dólares) mensuales como compensación por haber perdido su empleo en una empresa pública tras haber sufrido persecución política.
La Comisión de Amnistía, creada por el Gobierno en 2002 para atender las peticiones pecuniarias de las víctimas de la dictadura, rechazó la solicitud por considerar que Rousseff ya había sido beneficiada con una amnistía y una indemnización por ese mismo motivo por el Gobierno regional de Río Grande do Sul.
Los doce miembros de la comisión, en decisión unánime, concluyeron que la dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) ya es reconocida como víctima de la dictadura en cuatro diferentes estados, uno de los cuales, Río Grande do Sul, le concedió una indemnización por las pérdidas económicas que sufrió.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró la decisión en su retransmisión semanal por redes sociales y llegó a mofarse de la expresidenta.
«Tal vez, más adelante, cuando algún izquierdista regrese al poder, lo que espero que no ocurra, consigas otra pensión», declaró el mandatario de forma irónica.
En el recurso que presentó hace cerca de 20 años, Rousseff alegó que su arresto le impidió retomar la facultad de Economía que cursaba en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFGM) y la obligó a renunciar a su cargo en la Fundación de Economía y Estadísticas de Río Grande do Sul.
La renuncia, de acuerdo con sus abogados, fue una exigencia del Servicio Nacional de Informaciones, uno de los órganos de represión de la dictadura.
Pero los miembros de la Comisión de Amnistía del Gobierno federal consideraron que los motivos citados por Rousseff para solicitar la indemnización son los mismos ya reconocidos por la Gobernación de Río Grande do Sul para concederle el estatus de amnistiada.
El relator del proceso de Rousseff en la comisión, el consejero José Augusto Machado, aseguró que la petición de la expresidenta era inviable porque todas sus exigencias ya habían sido atendidas.
«La solicitante ya es reconocida como amnistiada política en cuatro estados. No tiene derecho a esa nueva reparación económica, incluso por la imposibilidad de acumular reparaciones», dijo.
Machado recordó igualmente que la dirigente socialista fue readmitida como funcionaria de la Fundación de Economía y Estadísticas de Río Grande do Sul en 1990.
Otro de los consejeros, Adriana Vieira, provocó protestas de la defensa por afirmar que Rousseff integró una organización que se alzó en armas contra la dictadura.
«Ella fue detenida y juzgada por estar en la lucha armada, por pertenecer a un grupo que actuaba en la ilegalidad. No fue por motivación política que fue perseguida. Fue su opción pertenecer a una organización armada responsable por actos terroristas», agregó el general del Ejército Luis Eduardo Rocha Paiva, otro de los consejeros, al igualmente rechazar la indemnización.
La Comisión de Amnistía, creada en 2002 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, otra víctima de la dictadura, está actualmente vinculada al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.
Desde 2019, con la llegada al poder del ultraderechista Bolsonaro, un defensor de la dictadura, la Comisión, en la que los militares ganaron más participación, ha elevado las exigencias para atender peticiones de amnistía y llegó a plantear la posibilidad de suspender sus actividades.