El debate surgido en torno a la tasa cero reproduce la disyuntiva entre dar preferencia a la reducción del costo de la vida, o conceder prioridad a la producción doméstica de los bienes involucrados. Estuvo presente años atrás en las medidas de protección que formaron parte de la estrategia de sustitución de importaciones. En esa ocasión se promovía el concepto de las actividades incipientes, el cual postulaba que esas actividades debían ser protegidas de las importaciones a fin de que pudieran crecer, alcanzando eventualmente una escala de producción que les permitiera ser tan eficientes como sus competidores extranjeros. En algunos casos sucedió así, pero no en la mayoría.

Por tratarse de bienes de primera necesidad, y por las vulnerabilidades y características peculiares de los cultivos, en el caso de la agricultura, la agropecuaria y la agroindustria el argumento a favor de la protección no está condicionado a que lleguen a ser tan eficientes como las importaciones. Un elemento adicional, la seguridad alimentaria, se esgrime como justificación para no guiarse únicamente por el propósito de bajar los precios. Se admite que es posible que los costos locales de producción puedan ser un poco más elevados, pero la diferencia es considerada como el precio a pagar para no estar a merced de fuentes externas fuera de nuestro control. Y se añade que gran parte de dicha diferencia puede desaparecer si se eliminan gravámenes sobre insumos, limitaciones de infraestructura y obstáculos que inciden sobre los procesos operativos de los productores nacionales.

Hay que reconocer que el asunto es muy complejo, porque el concepto mismo de seguridad alimentaria puede ser discutido en situaciones en las que los insumos, tales como transporte, energía, fertilizantes, pesticidas y otros, provienen del extranjero. A pesar de esa imprecisión, la seguridad alimentaria es una meta válida, y es necesario evitar que la producción local sea desincentivada como consecuencia de la tasa cero.