(CNN) — La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este lunes que el gobierno federal puede seguir deteniendo a ciertos migrantes en proceso de expulsión sin darles una audiencia de fianza después de seis meses, en un caso en el que la administración de Joe Biden se impuso a los activistas de inmigración que se opusieron al gobierno en el caso.
La Corte revocó el fallo de un tribunal inferior que sostenía que el hombre en el centro del caso, Antonio Arteaga-Martinez, podía obtener una audiencia de fianza porque había estado detenido durante más de seis meses. Arteaga-Martinez recibió la audiencia de fianza y obtuvo la libertad.
La decisión de la Corte se basó únicamente en el estatuto federal pertinente, y eludió si tales audiencias podrían ser requeridas por la Constitución, una cuestión que los impugnadores no habían presentado y que aún podría surgir en otro caso.
La Corte Suprema hace más difícil impugnar las políticas de inmigración en los tribunales
Asimismo, este lunes la Corte Suprema hizo mucho más difícil para los inmigrantes impugnar las políticas de inmigración en los tribunales, sosteniendo que las impugnaciones tienen que ser presentadas individualmente y no sobre una base de grupo (clase).
En el fallo de 6-3, la Corte concluyó que los tribunales federales inferiores carecen de poder para conceder medidas cautelares a clases enteras de inmigrantes, a diferencia de los inmigrantes individuales que demandan uno a la vez, lo que impediría a los funcionarios de inmigración la aplicación de ciertas políticas.
Para la mayoría, el juez Samuel Alito señaló el lenguaje de las leyes pertinentes y dijo que, en conjunto, ese lenguaje «generalmente prohíbe a los tribunales inferiores dictar medidas cautelares que ordenen a los funcionarios federales tomar o abstenerse de tomar medidas para hacer cumplir, implementar o llevar a cabo las disposiciones legales especificadas».
La jueza Sonia Sotomayor escribió una disidencia parcial, a la que se sumaron la jueza Elena Kagan y el juez Stephen Breyer.