El Poder Judicial, junto a la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales e instituciones del sector salud, analizó la situación de los privados de libertad de la penitenciaria nacional de La Victoria, con el objetivo de implementar un programa de urgencia dirigido a asistir a los internos en condiciones de vulnerabilidad.
La medida formará parte de un plan estratégico denominando: “Optimización del proceso penal” que llevarán a cabo el conjunto de las instituciones de justicia para mejorar el abordaje de la justicia penal y del sistema penitenciario dominicano.
De acuerdo a una nota de prensa, el programa contempla un plan de acción urgente en La Victoria para los privados de libertad que se encuentren afectados por una de las siguientes condiciones: internos con enfermedades graves, pena cumplida, pena cumplida con multa y preventivos con fianza en situación de pobreza.
La iniciativa forma parte de la visión institucional del Poder Judicial de alcanzar una Justicia al Día para garantizar la dignidad de las personas.
Según Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, “para lograr este propósito se requiere mejorar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentran los privados de libertad vinculados a delitos menores con órdenes de libertad que no se hayan hecho efectivas o que estén en una situación grave de salud”.
Además, los participantes propusieron conformar una mesa de trabajo interinstitucional operativa a nivel nacional y a otras departamentales, a los fines de gestionar y dar seguimiento de las acciones requeridas a las instituciones del Estado considerando el nivel de urgencia.
En el encuentro participaron la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República; la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso; Daniel Rivera, ministro de Salud Pública; Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS); Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica y Roberto Hernández Basilio, director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Por el Poder Judicial, además del juez presidente Molina Peña, estuvieron presentes los magistrados penalistas, Fran Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; Rafael Báez, juez de la primera sala de la cámara penal de la corte de apelación del Distrito Nacional; Esmirna Gisselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de la citada jurisdicción.
Validar la identificación, evaluación y depuración realizada de las personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, previo a aplicar la medida judicial que corresponda
Implementar proceso para la ejecución inmediata de las órdenes de libertad de quienes así lo requieran
Habilitar médicos legistas con asiento permanente en La Victoria para la atención, evaluación médica y expedición del certificado médico
Habilitar laboratorio móvil en La Victoria para realizar analíticas a los internos
Facilitar el ingreso en centros hospitalarios de las personas con situación de salud y su abordaje adecuado al diagnóstico
Habilitar traslados de privados de libertad a centros de salud a través de ambulancias y el suministro de medicamentos
Designación de médicos internistas, psiquíatras y psicólogos para atención, evaluación y certificación del estado de los privados de libertad
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