Anivel mundial, y muy especialmente en Latinoamérica, salir de los efectos de la pandemia ha pasado a ser un criterio de evaluación de los gobiernos. Se les juzga por el éxito que han tenido en sacar a sus países de las garras del virus, pero también por cuán hábiles han sido para lograr que las economías se recuperen. Es de ese modo como los resultados se presentan en los reportes analíticos, ordenándolos de forma descendente y comparativa según las tasas de crecimiento del PIB en cada país, con referencia al lapso duro en que la pandemia los azotaba, y en relación con los niveles presumiblemente normales del 2019.

Nuestro país, afortunadamente, ha estado en los primeros lugares de la lista regional, hecho que nos ha llenado de satisfacción y servido para mostrar la eficacia de las actuaciones gubernamentales.

Es importante, sin embargo, que esa atención al crecimiento, válida en su esencia, no se convierta en una obsesión. Esto así porque la expansión del PIB no es el único objetivo que debemos perseguir, ni tampoco conviene creer que es siempre mejor que sea más rápida sin detenernos a pensar en las consecuencias. Hay que evitar, en ese sentido, que la atención a los números del PIB no desplace a la que debemos otorgar a que su crecimiento sea compatible con los fundamentos de la economía, en términos de sus efectos sobre los niveles de precios, desequilibrios sectoriales, reservas de divisas, comercio exterior y composición de la producción.

Dicho de otra forma, la tasa de crecimiento deseable no es la más alta sino la más sostenible. Desde ese punto de vista, en contextos económicos caracterizados por fuerzas adversas fuera de nuestro control, es recomendable que el crecimiento no desborde la capacidad para sustentarlo, un hecho que debe ser tenido en cuenta y ser parte de un esquema de evaluación más balanceado.

El contexto actual es de ese tipo, lo que implica la perspectiva de que nuestra tasa de crecimiento pueda y deba ser menos espectacular.