La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) de Ecuador impuso a la constructora brasileña Odebrecht una multa de 56,7 millones de dólares por colusión con la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en la adjudicación de dos concursos públicos.
La SCPM explicó este martes en un comunicado que «el acuerdo colusorio vertical distorsionó la competencia, por cuanto Celec direccionaba los contratos a favor de Odebrecht y no permitía que otras empresas puedan competir con base en sus méritos empresariales».
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) de Ecuador impuso a la constructora brasileña Odebrecht una multa de 56,7 millones de dólares por colusión con la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en la adjudicación de dos concursos públicos.
La SCPM explicó este martes en un comunicado que «el acuerdo colusorio vertical distorsionó la competencia, por cuanto Celec direccionaba los contratos a favor de Odebrecht y no permitía que otras empresas puedan competir con base en sus méritos empresariales».
Por esta misma razón, Celec también fue sancionada por la SCPM con una multa de 1,3 millones de dólares.
Los contratos donde se produjo esta colusión entre Celec y Odebrecht fueron para la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu y para la reparación del túnel de carga de la central hidroeléctrica Pucará.
Ambas obras fueron adjudicadas a Odebrecht con un presupuesto referencial inicial de 133,4 millones de dólares, pero el coste final ascendió a 263,5 millones de dólares, lo que supuso un incremento de unos 130 millones de dólares.
En el caso de la central hidroeléctrica de Manduriacu, esta fue licitada por 118 millones de dólares y su coste final fue de 222,3 millones de dólares, con un aumento de 103,8 millones.
Para la reparación del túnel de Pucará, el ascenso del coste de la obra fue de 26 millones de dólares, pues se adjudicó por 14,9 millones de dólares y la factura final resultó de 41,1 millones de dólares.
Para la SCPM, la colusión ha sido probada tanto en el acuerdo de culpabilidad suscrito por el abogado de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como en el acuerdo de delación premiada del exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Asimismo, resultó probado en las sentencias dictadas por la Justicia ecuatoriana y ya ejecutadas, y en los informes de legalidad de los proyectos hidroeléctricos Manduriacu y Pucará emitidos por la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.
El organismo estatal encargado del control de la competencia también impuso como medida correctiva a Odebrecht (ahora llamada CNO, en Ecuador) la implementación de un programa de «compliance» (cumplimiento), «a fin de capacitar a los directivos de los sancionados respecto de los acuerdos colusorios verticales».
Ecuador fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht reconoció haber cometido actos de corrupción para ganar grandes contratos en obra pública, un escándalo que incluyó en varios países millonarios sobornos y la financiación irregular de las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
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Por esta misma razón, Celec también fue sancionada por la SCPM con una multa de 1,3 millones de dólares.
Los contratos donde se produjo esta colusión entre Celec y Odebrecht fueron para la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu y para la reparación del túnel de carga de la central hidroeléctrica Pucará.
Ambas obras fueron adjudicadas a Odebrecht con un presupuesto referencial inicial de 133,4 millones de dólares, pero el coste final ascendió a 263,5 millones de dólares, lo que supuso un incremento de unos 130 millones de dólares.
En el caso de la central hidroeléctrica de Manduriacu, esta fue licitada por 118 millones de dólares y su coste final fue de 222,3 millones de dólares, con un aumento de 103,8 millones.
Para la reparación del túnel de Pucará, el ascenso del coste de la obra fue de 26 millones de dólares, pues se adjudicó por 14,9 millones de dólares y la factura final resultó de 41,1 millones de dólares.
Para la SCPM, la colusión ha sido probada tanto en el acuerdo de culpabilidad suscrito por el abogado de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como en el acuerdo de delación premiada del exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Asimismo, resultó probado en las sentencias dictadas por la Justicia ecuatoriana y ya ejecutadas, y en los informes de legalidad de los proyectos hidroeléctricos Manduriacu y Pucará emitidos por la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.
El organismo estatal encargado del control de la competencia también impuso como medida correctiva a Odebrecht (ahora llamada CNO, en Ecuador) la implementación de un programa de «compliance» (cumplimiento), «a fin de capacitar a los directivos de los sancionados respecto de los acuerdos colusorios verticales».
Ecuador fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht reconoció haber cometido actos de corrupción para ganar grandes contratos en obra pública, un escándalo que incluyó en varios países millonarios sobornos y la financiación irregular de las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.