El 21 de febrero del 2020, la entonces Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inka Mattila, dieron el primer picazo para dejar iniciados los trabajos de construcción del edificio sede del Defensor del Pueblo, cuya ejecución fue puesta a cargo del organismo internacional mediante convenio suscrito en el 2018.
Transcurridos dos años del primer picazo, la construcción del edificio está paralizada, según constató Listín Diario.
Según documentos sobre el proyecto que posee este diario, la pasada gestión del Defensor del Pueblo entregó al PNUD recibió unos 6 millones de dólares que serían destinados, además de la ejecución de esa obra, a la adquisición de locales para oficinas regionales que serían puestas en servicios.
El proyecto estaba previsto a ser concluido en diciembre del 2021.
Mientras se retrasa el trabajo contratado con el PNUD, el órgano responsable de salvaguardar los derechos fundamentales, sigue funcionando en locales alquilados en una plaza comercial del Distrito Nacional, y sin estar dando servicios a través de las oficinas que serían habilitadas mediante acuerdo con el PNUD.
En el convenio se estableció que los fondos del financiamiento del proyecto provienen del Defensor del Pueblo y que la administración de estos recursos económicos estarían a cargo del PNUD.
La sede del Defensor del Pueblo se construye en unos terrenos adquiridos por el órgano con sus propios recursos, ubicados en la avenida 27 de Febrero número 256, sector Los Restauradores, del Distrito Nacional.
En la enmienda número 2 del proyecto se precisa que los terrenos fueron adquiridos por el Defensor del Pueblo en el 2015 “a los fines de construir una sede adecuada a las necesidades operativas e institucionales del órgano constitucional”.
Se enfatiza, además, que “la actual sede es alquilada y físicamente impide la expansión de las direcciones y departamentos previstos en el organigrama aprobado por el MAP (Ministerio de Administración de Personal)”.
Se tomó en cuenta la necesidad del órgano de contar con unas instalaciones renovadas que se ajusten a su volumen de trabajo y al incremento de los reclamos de servicios por parte de los ciudadanos.
Se explica que el Defensor del Pueblo solicitó a PNUD su apoyo en las actividades objeto del proyecto para de este modo canalizar los recursos dedicados a la construcción y el remozamiento de los edificios, garantizando la total transparencia en la gestión de los fondos y asegurar la mejor consecución posible de los resultados esperados, en términos de eficacia y eficiencia.
“El Defensor del Pueblo confía en el prestigio y profesionalidad del PNUD que garantizará el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos”, se resalta en el convenio.
El Defensor del Pueblo comenzó a funcionar en el país en mayo de 2013 con la designación de Zoila Martínez Guante.
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Remodelación y equipamiento
Además de la construcción del edificio sede, el proyecto abarca la remodelación y equipamiento de un local para albergar una delegación regional en Santo Domingo Este, así como la adquisición de inmuebles, adecuación y equipamiento para las delegaciones en Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Romana, Barahona, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Montecristi, Baní, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorìs, Higüey, Samaná y Moca.
Los firmantes del acuerdo
El acuerdo entre el PUND y el Defensor del Pueblo fue firmado el 15 de noviembre de 2018, entre la anterior titular del Defensor del Pueblo, Zoila Martínez Guante, y el entonces coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante del PNUD en el país, Lorenzo Jiménez Luis.