La guerra urbana que enfrentó a dos bandas armadas en la entrada norte de Puerto Príncipe entre el 24 de abril y el 6 de mayo de 2022 dejó un saldo de 191 personas asesinadas, según el último informe de la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), publicado este lunes.
Durante las dos semanas de enfrentamientos entre los grupos armados 400 Mawozo y Chen Mechan fueron asesinados 107 hombres, 76 mujeres y 8 menores de edad. Además, al menos 18 mujeres fueron violadas, de las que 17 fueron posteriormente ejecutadas, y 158 niños quedaron huérfanos.
Igualmente, 81 casas y 57 vehículos fueron incendiados, revela el informe de la ONG que promueve y defiende los derechos humanos en Haití.
De los muertos, 48 fueron presentados a la RNDDH como miembros o familiares de una de las bandas armadas que se enfrentaron durante la situación que la ONG denomina «La carnicería de la llanura Cul-de-Sac».
La organización había cifrado en 148 los asesinatos en un informe preliminar publicado en mayo, que solo esbozaba los hechos y el perfil de los protagonistas, pero en este nuevo documento recoge testimonios de víctimas supervivientes.
«Además de estas pérdidas humanas y materiales registradas durante esta carnicería, los padres han presenciado la ejecución de sus hijos, otros han sido asesinados en presencia de sus hijos, la mayoría de ellos de corta edad», reveló la RNDDH.
En otras acciones, «al menos uno de los cónyuges fue testigo de la repetida violación de su pareja», según el informe sobre los enfrentamientos, que comenzaron cuando la banda armada de 400 Mawozo atacó la base del Chen Mechan en su bastión de Croix-des-Missions.
Según la organización, en el cuartel de Chen Mechan se siguen ejecutando a jóvenes con el pretexto de que sirven de antena a la banda armada 400 Mawozo.
«Hoy, la situación sigue siendo tensa en la Plaine du Cul-de-Sac: los desplazados que se habían refugiado en la plaza pública de Clercine están siendo presionados por las autoridades locales para que abandonen el lugar. No saben a dónde ir, ya que, en su mayoría, han perdido todo lo que tenían», describe la ONG.
En cuanto a la actuación de las autoridades policiales y judiciales, el documento indica que desarrollaron varias operaciones en la zona y haber detenido a algunos de los individuos implicados en la matanza.
Dos meses después, las autoridades judiciales siguen sin poder proporcionar información precisa sobre las acciones que han emprendido para poner en marcha la acción pública contra los bandidos implicados en esta matanza, entre los que se encuentran conocidos jefes de bandas armadas.
Basándose en los resultados de su investigación, la RNDDH recomienda a las autoridades competentes proporcionar apoyo financiero, médico y psicológico a los supervivientes de la matanza y que la Policía Judicial investigue estos actos de violencia para que las autoridades judiciales aplicar puedan iniciar acciones públicas contra los implicados.