Para la reactivación del Pacto Nacional por la Reforma Educativa se hace necesaria la conformación del Comité de Monitoreo y Seguimiento, que no llegó a integrarse en el pasado gobierno, ni ha logrado concretarse en la nueva gestión
Esta es una de las sugerencias que presenta Radhamés Mejía, exrector de varias universidades y representante de Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), quien dijo que el nuevo gobierno ha tenido que hacer frente a los desafíos de una pandemia que ha tenido consecuencias disruptivas, particularmente en el sector educativo.
Considera que este hecho ha ocasionado que atender los compromisos del Pacto no parecería que forme parte de las prioridades de los nuevos responsables de las instituciones más responsables de su ejecución: Minerd, Mescyt, Infotep, Mepyd y Ministerio de la Presidencia y que la ausencia de este mecanismo de monitoreo, evaluación y coordinación previsto en el Pacto es esencial para su adecuado funcionamiento.
“Su no funcionamiento, hasta la fecha, explica, por lo menos parcialmente, el por qué, por ejemplo, el trabajo realizado por el equipo técnico, muy ponderado por los autores del informe de apreciación de los mecanismos de implementación y seguimiento, fue un trabajo excelente, pero limitado en su alcance”, explica Mejía en el documento.
Cumplimiento de indicadores
Para el seguimiento del Pacto por la Reforma Educativa se creó un Sistema de Indicadores de Seguimiento a los Compromisos y al logro de los objetivos preparado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que está constituido por 139 indicadores.
De un total de 111 compromisos, solo 54 están representados en los 139 indicadores del ISPE y esto quiere decir que 57 no están representados.
Los principales compromisarios del pacto son, por un lado, el gobierno, a través de todas las instancias que tienen una incidencia directa o indirecta en la formulación y ejecución de las políticas educativas. Por otro, los actores de la sociedad civil directa e indirectamente afectados por las políticas educativas que se implementen: los sectores productivos, las instituciones promotoras de la institucionalidad y la democracia participativa, así como los actores proveedores del servicio educativo.
Se señala que en el tercer informe preparado por el Comité Técnico, solo 66 de los 139 indicadores pudieron ser reportados en ese informe, por carecer de información.
Explica que esa reactivación tiene que implicar, también, un trabajo técnico interno, en el Minerd, en el Infotep y en el Mescyt para adecuar su Plan Estratégico para que se represente en el mismo, los compromisos que le corresponde a cada una de estas instituciones en el conjunto del Pacto.
“La reactivación de este Comité es hoy más urgente que nunca. En estos momentos, tanto el Minerd, como el Mescyt y el Infotep están embarcados en el diseño de sus respectivos Planes Estratégicos. Si en este diseño no se toma como uno de sus ejes centrales el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, su monitoreo y evaluación pierde su razón de ser”, agrega Mejía en sus sugerencias.