El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual llevaba el control de la investigación realizada contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, se desapoderó del caso luego de que el Ministerio Público depositara su acusación formal sobre la red Medusa.
En la mañana de este lunes el voluminoso expediente será transferido a la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional a los fines de que designe otro tribunal para que, en lo adelante, se encargue del juicio preliminar.
Por el momento han trascendido detalles nuevos que complican y hacen más complejo el caso Medusa. Supuestamente, antes de que se publicara de manera oficial la licitación para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los miembros de la red ya tenían seleccionadas a las constructoras que resultarían ganadoras y estas debían devolver un “peaje” del 20 % sobre el monto total del contrato en favor de los integrantes del grupo de corrupción.
Al expediente también se ha anexado como elemento de prueba la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el cual dio origen a la Operación Medusa.
El exprocurador es procesado junto a Alejandro Forteza Ibarra y otros funcionarios de su gestión (en el período del 2016 al 2020).
El expediente del caso Medusa destaca que los encartados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Desde el mes de julio del año pasado, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.