Una corte de Apelaciones de Guatemala suspendió este jueves la audiencia de revisión de sentencia en contra de cinco exparamilitares, condenados en enero pasado a 30 años de prisión por violar sistemáticamente a 36 mujeres indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).
La audiencia debió llevarse a cabo en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, pero fue suspendida por parte de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, según confirmaron fuentes judiciales.
Una de las abogadas de las mujeres indígenas, Haydeé Valey, indicó que la audiencia fue suspendida porque la sala decidió recibir solamente de manera escrita las apelaciones planteadas por la defensa y lamentó dicha situación.
Valey explicó a periodistas que la decisión de la sala «nos está vulnerando» debido a que «no se nos está permitiendo elevar nuestros argumentos» en contra de los planteamientos presentados en las apelaciones.
De acuerdo con la abogada, en la audiencia de este jueves se iban a conocer las cinco apelaciones que presentó la defensa.
Los condenados a 30 años de prisión y quienes se encuentran apelando el fallo son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino.
Los cinco formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en el conflicto armado interno en Guatemala.
Dicha guerra civil dejó más de 245,000 personas asesinadas o desaparecidas. Más del 90 % de ellos a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.
También es parte de la apelación el Estado de Guatemala, mediante la Procuraduría General de la Nación, que busca rechazar las medidas de reparación ordenadas por la sentencia.
Las violaciones de las 36 mujeres indígenas achí tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, desde 1981 hasta 1985.
Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas había cuatro menores de edad, de acuerdo con la Fiscalía.
Los detenidos fueron declarados culpables de los delitos contra deberes de humanidad y usurpación del estado civil, cargos de los que se declararon inocentes.