La misión de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) advirtió este miércoles de la erosión de los derechos humanos, en especial de las mujeres y niñas, en el país desde que los fundamentalistas se hicieron con el control hace poco menos de un año.
«Nuestro seguimiento revela que, a pesar de la mejora de la situación de seguridad desde el 15 de agosto, la población de Afganistán, en particular las mujeres y las niñas, se ven privadas del pleno disfrute de sus derechos humanos», indicó el representante especial de la UNAMA, Markus Potzel, en un informe.
«Relegar a mujeres y niñas al hogar niega a Afganistán el beneficio de las importantes contribuciones que tienen para ofrecer», como el derecho a la educación secundaria, que se prohibió en el país para las jóvenes tras la llegada de los islamistas, agregó Potzel.
La UNAMA también analizó en el informe el desarrollo en materia de seguridad, así como los registros de violaciones de derechos humanos cometidos en Afganistán desde el 15 de agosto.
En este sentido, contabilizaron 700 muertes y 1,406 civiles heridos en ataques dirigidos por el grupo yihadista Estado Islámico contra las minorías étnicas y religiosas tras la toma de poder de los fundamentalistas.
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Ejecuciones extrajudiciales
La organización también mostró su preocupación por la impunidad de los miembros talibanes que parecen haber cometido violaciones de derechos humanos, como «ejecuciones extrajudiciales de personas acusadas de pertenecer a grupos armados, así como castigos crueles, inhumanos y degradantes y ejecuciones extrajudiciales de personas acusadas de delitos morales».
Además, consideró que la amnistía que prometieron aplicar a exfuncionarios del depuesto gobierno «no parece haber sido respetada de manera consistente», ya que registraron 160 ejecuciones extrajudiciales por parte de los talibanes.
«Las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas por las autoridades de facto, los perpetradores deben rendir cuentas y, en última instancia, deben evitarse que los incidentes vuelvan a ocurrir en el futuro», manifiesta el escrito.
La Unama achacó al todopoderoso Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, algunas de las medidas que «limitan los derechos humanos y las libertades de los afganos, en particular de las mujeres y las niñas».
La llegada al poder de los talibanes supuso también la limitación y restricción de la libertad de los medios, con el arresto arbitrario «a periodistas, manifestantes y activistas de la sociedad civil y emitiendo restricciones a los medios de comunicación», continuó la Unama.
El informe alertó de violaciones de los derechos humanos que afectaron a centenares de periodistas y comunicadores sociales en los últimos diez meses, entre los que se encuentran, «122 casos de arresto y detención arbitrarios, 58 casos de malos tratos, 33 casos de amenazas e intimidación y 12 casos de detención en régimen de incomunicación».
«Los derechos a la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión y la libertad de opinión no son solo libertades fundamentales, sino que también son necesarias para el desarrollo y progreso de una nación», sintetizó la directora de Derechos Humanos de la Unama, Fiona Frazer.
La directora afirmó que los derechos humanos en Afganistán se agravaron con el empeoramiento de la crisis económica y humanitaria que atraviesa el país, donde al menos «el 59% de la población necesita asistencia humanitaria», seis millones de personas más que a principios de 2021.
«La comunidad internacional tiene la obligación de garantizar que las sanciones, mientras permanezcan vigentes, no tengan un impacto negativo en los derechos humanos», sentenció Frazer.