La elección del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, da inicio a un interesante proceso de cambios cuyo resultado final es aún incierto. Procesos de ese tipo han ocurrido en Latinoamérica desde hace tiempo, cada vez que el péndulo político se desplaza hacia la izquierda. El caso colombiano, no obstante, es singular en varios aspectos.
Desde la restauración de la democracia hace ya más de sesenta años, en ninguno de los comicios había triunfado un candidato izquierdista. Ese rechazo se explica en parte por la presencia de movimientos guerrilleros que llegaron a controlar vastas zonas del territorio nacional, manteniendo en zozobra al resto del país con sus secuestros y atentados. Las divisiones y rencores creados por la confrontación todavía persisten, habiéndose requerido un gran esfuerzo conciliador para poner en marcha el proceso de paz. Al día de hoy focos grupales disidentes mantienen su desafío, siendo una de las tareas pendientes completar la pacificación.
Pero aparte de esa realidad histórica, el proceso que comienza tiene otra característica especial. El nuevo presidente, por su pasado como miembro de uno de los movimientos guerrilleros, posee innegables credenciales para ser aceptado por las fuerzas promotoras de transformaciones radicales. Al mismo tiempo, sin embargo, también posee la trayectoria de haber ocupado funciones importantes dentro de la estructura gubernamental democrática, tanto a nivel municipal como legislativo. Eso significa que no se trata de un individuo que sin experiencia administrativa, y alejado del funcionamiento del Estado, ha ganado unos comicios en base a promesas populistas que no podría cumplir sin causar graves perjuicios a la economía. Petro está familiarizado con los pormenores de las labores legislativas, lo que le será muy útil para conseguir la aprobación de las leyes requeridas por su agenda política. Y ha estado expuesto además a delicadas negociaciones con el poderoso e impres- cindible sector privado.