El gobierno y organizaciones de prensa en Ecuador rechazaron el viernes unas reformas aprobadas por la Asamblea Nacional por considerar que restringen el trabajo de los medios y la libertad de expresión.
Los textos fueron avalados la víspera por iniciativa de la oposición liderada por el partido UNES, del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), quien en su gestión mantuvo una dura ley en contra de medios y periodistas a los que impuso decenas de multas, además, de enjuiciarlos por millonarias sumas. Esa ley estuvo vigente entre el 2013 y el 2017.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso rechazó en un comunicado lo que consideró una iniciativa de medios “mordaza” y que según el mandatario busca nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de «persecución”.
Las reformas deben pasar por el Ejecutivo, que tiene la potestad de aprobarlas o rechazarlas total o parcialmente.
Las reformas establecen, entre otras medidas, sanciones administrativas, penales y multas contra los comunicadores. También busca judicializar la opinión editorial de los medios y crear defensores de las audiencias, a los que entrega la posibilidad de aprobar o negar contenidos, entre otros.
El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Cristóbal Peñafiel, dijo a The Associated Press que las reformas “vulneran» el trabajo de la prensa y la libertad de expresión”. Pidió al Ejecutivo que las vete.
Refirió que esa iniciativa “no sólo recuerda la ley mordaza que tuvimos durante el gobierno de Correa, sino que la endurece, especialmente con respecto a posibles sanciones económicas”.
«Es un retorno al pasado, vuelve a instaurar un régimen de duras sanciones que busca controlar a los medios y los periodistas”, coincidió en declaraciones a la AP César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, que vela por la vigencia de la libertad de expresión en la región. “En los últimos años el trabajo de la prensa ha develado graves procesos de corrupción que ha afectado especialmente al sector que ha liderado la aprobación de estas reformas”.
“El sector político aún tiene la idea de que la prensa debe estar al servicio del poder o en caso contrario someterlas por medio de sanciones», agregó.