La lucha contra una inflación que llega desde fuera es una tarea desagradable, como la de desvestir a un santo para vestir a otro. Cualquier medida que se tome genera efectos secundarios perjudiciales, por lo que su aplicación se convierte en un ejercicio de escoger el mal menor. Para las autoridades representa un desafío de gran magnitud, con serias consecuencias políticas. Y lo que se decida hacer impactará sobre la economía más allá de los precios de los bienes y servicios.

Fuera del caso excepcional en que un gobierno cuente con recursos fiscales ilimitados, y con una enorme reserva de divisas, la concesión de subsidios, sean éstos focalizados en forma de entregas de productos o dinero, o generales vía asignaciones a los suplidores para absorber sus incrementos de costos y evitar que suban los precios, se efectúa a expensas de otras clases de gastos. Como los fondos que se utilizan para subsidiar tienen que salir de algún lado, el Gobierno tiene que reducir las sumas que dedica para otros fines, usualmente por el lado de las inversiones, provocando reacciones adversas en la población.

Si en esas condiciones el Gobierno trata de conseguir los fondos poniendo más impuestos, la actividad económica decae, sube el desempleo y aumenta el descontento. Y si intenta obtenerlos elevando la deuda pública, aumentará sus obligaciones y las tasas de interés, si las coloca localmente, o reducirá su calificación crediticia si recurre al financiamiento externo sin tener más ingresos.

Si por el contrario decide establecer controles de precios, cediendo a presiones de movimientos sociales, logrará una mejoría aparente y efímera, mientras duren las existencias de productos. Después de ese breve lapso, la oferta decaerá dando lugar a la escasez, surgirán mercados paralelos negros o grises, y la desigualdad crecerá, siendo sólo los más pudientes los que podrán tener acceso a esos mercados.

Pero aunque la tarea sea desagradable, hay que hacerla minimizando los perjuicios.