El recuerdo de los años en que aquí existían las divisas propias no es placentero. Llamadas así porque se suponía que provenían de fuentes especiales diferentes a las exportaciones, esas divisas podían ser usadas para importar bienes y servicios sin mayores restricciones. Pero las otras divisas, las que suplía el Banco Central, estaban sujetas a toda una serie de restricciones en cuanto al tipo de cosas que se podían comprar, los montos involucrados y los plazos de aprobación. Por supuesto, aparte de los que conseguía endeudándose (y esa cantidad era mínima en ese entonces), el Gobierno no era un gran generador de dólares y los obtenía forzando a los exportadores a entregarlos.

La justificación dada para todo ese aparataje era lograr que los productos esenciales, calificados como prioritarios, llegaran a la población a precios asequibles, poniendo un precio al dólar por debajo de su valor de mercado. Inicialmente, quienes tenían dólares debían entregarlos, sin excepción, al Banco Central. La consecuencia fue el desabastecimiento y la aparición de un mercado paralelo, con un tipo de cambio mucho más alto que el del mercado oficial. En ese sentido, la introducción de los dólares propios fue una ficción dirigida a mejorar esa precaria situación, abriendo una ventana para que las actividades económicas se pudiesen llevar a cabo.

Si ese episodio dejó algún beneficio, éste fue aprender la lección de que el control de divisas es un mecanismo muy malo para imponer prioridades y combatir la inflación. En Argentina, sin embargo, a pesar de haber pasado también por experiencias pasadas similares, continúan con la misma práctica de tener un precio oficial del dólar y otro paralelo, designado como “blue” (azul) para no llamarlo negro. El paralelo anda por las nubes y el oficial no aparece. Y, “para cuidar las reservas”, han tenido que limitar los dólares que las empresas pueden comprar en el banco central en función de los que adquirieron el año pasado.