La jueza Yanibet Rivas rechazó variar la prisión preventiva al general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y al mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón, dos de los involucrados en los casos Coral y Coral 5G.
La magistrada del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional no conoció la petición que le hicieran el capitán de navío de la Armada Franklin Mata Flores y el general Boanerges Reyes Batista (ARD) porque no les correspondía revisión obligatoria en el día de hoy, sino en marzo, porque ya habían apelado su prisión, cuya solicitud no fue acogida.
Los cuatro forman parte del grupo de militares y policías acusados en la red desmantelada en Operación Coral y Coral 5G, que supuestamente operaba en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Politur).
En el caso específico de Santos Viola, exsubjefe del Cusep, se le acusa de declarar 23 propiedades inmobiliarias valoradas en 65.7 millones de pesos, de acuerdo a la acusación que se le formula en el caso, las cuales adquirió en poco tiempo sin poder justificar cómo las obtuvo.
Rosario Pirón, exencargado de tesorería del Cusep, es considerado “parte esencial de la estructura de corrupción e identificado como la mano derecha del director financiero de Cestur y Cusep, Rafael Núñez De Aza”.
Entre los señalamientos que se hacen contra Rosario Pirón está realizar «10 depósitos por valor RD$17,904,476.17 a empresas y asociaciones que su único objetivo es lavar dinero producto de la corrupción, y que están relacionadas directamente a los coimputados Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán y Tanner Flete”, los principales señalados junto al general Juan Carlos Torres Robiou y Núñez De Aza. También se le atribuye firmar la entrega de mercancías «ficticias» para Cusep y Cestur.
Boanerges Reyes Batista, también exsubjefe del Cusep en los primeros dos años de la gestión de Cáceres Silvestre, y Franklin Matos Flores, según la acusación, se beneficiaron «considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado, en perjuicio del Estado».
En ambas operaciones, Coral y Coral 5G, la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca) asegura que se defraudó al Estado con más de 4,500 millones de pesos. Los imputados guardan prisión en el Centro Correccional de Najayo Hombres.