CIUDAD DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2018.- Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, Pamela San Martín, Ciro Murayama y Adriana Favela, encabezaron la presentación del «Protocolo para la Implementación de Buenas Prácticas en el ejercicio de los recursos del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres».
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO.COM (Diego Simón Sánchez/)
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó un informe en el que especifican las posibles afectaciones a este organismo (capacidad operativa y confiabilidad) podría tener si el Plan B de AMLO entrara en vigor, pues la reestructura planteada por la llamada Cuarta Transformación (4T), a ojos del Consejo General, comprometería su trabajo.
En 164 páginas, el organismo descentralizado explica cómo es que las modificaciones a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), General de Partidos Políticos (LGPP) y Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la promulgación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME) podría incidir negativamente a la democracia.
De acuerdo con el Informe, el paquete de reformas al sistema político-electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afecta los plazos electorales, la libre competencia, la presencia territorial del INE en la república (particularmente la instalación de casillas), vulnera la autonomía, obstaculiza la fiscalización, pone en riesgo los datos personales de las y los empadronados y compromete el cómputo de los votos.
🗳️|| El Consejo General del INE presenta hoy su informe sobre las implicaciones del Plan B.
La representación de Morena propuso retirar dicho punto en el orden del día.
Pero los consejeros electorales dijeron que no, y mejor acordaron discutirlo como primer tema de la sesión. pic.twitter.com/bQiy5sFdHO
— Juan Ortiz 🗳️👁🗨 (@Juan_OrtizMX) January 25, 2023
De todas estas observaciones, donde más abundó el informe fue en materia fiscal, pues destacaron 11 sub puntos como áreas de oportunidad:
a) Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
b) Sanciones en materia de fiscalización
c) Interpretación de normas
d) Fiscalización de los ingresos y egresos
e) Delegación de la facultad de fiscalización a los Organismos Públicos Locales (OPLEs)
f) Transferencias de recursos locales y federales sin límites
g) Renuncia al financiamiento público y remanentes
h) Generación de ahorros
i) No se podrán emitir disposiciones una vez iniciados los procesos electorales
j) Notificaciones de fallas o interrupciones en el sistema de contabilidad en línea
k) Transgresión al modelo de fiscalización oportuno, ágil, expedito y accesible de los recursos de los partidos políticos
Fotografía de archivo fechada el 6 de junio de 2021, donde se observa el conteo de votos en una casilla electoral en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco
(Francisco Guasco/)
Asimismo, ante el recorte presupuestario, el INE advirtió que “se verían seriamente comprometidos los derechos laborales de las personas servidoras públicas del INE que dejen de laborar por motivos de eliminación de estructuras y plazas”.
“Implica la liquidación de por lo menos 5 mil 080 personas”
Junto con numerosas críticas, el Instituto señaló que para llevar a cabo una reestructura integral como la que se planteó con la Reforma Electoral de AMLO, es necesario hacer un diagnóstico organizacional, esto para que si se genera un ahorro, éste no comprometa la capacidad organizacional de los organismos afectados, en este caso, el INE.
Y es que, a consideración del organismo, el adelgazamiento de la estructura y el recorte o reconfiguración de procedimientos conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales que garantizan la legitimidad de los procesos electorales. En este sentido, sostuvo que se trata más del oportunismo político que criterios técnicos en acción.
Cabe recordar que el Plan B, en relación a la operatividad del INE, guarda la intención de eliminar la burocracia innecesaria y la duplicidad de funciones. Por ejemplo, entre los OPLEs y el Instituto existen tareas que se realizan y se auditan de manera reiterada, por lo que la iniciativa presidencial representa un ahorro de 5 mil millones de pesos anualmente en comparación a los mecanismos establecidos actualmente.
Aunado a ello, se destaca que el Plan A de AMLO, la reforma de carácter constitucional, suponía un ahorro de 15 mil millones de pesos, pero ésta no pasó el primer filtro, que era la Cámara de Diputados, así que se puso en marcha el Plan B en diciembre, mismo que quedó aprobado parcialmente y se espera que, con el reinicio de sesiones ordinarias, se termine el proceso.
Finalmente, se destaca que Hamlet García, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a través de una breve declaración a medios de comunicación, especificó que la Reforma Electoral no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que probablemente pasará el filtro que supone la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea ratificada; además, en cuanto a las extrañezas manifestadas por Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, sostuvo que los recortes son para que el INE no goce de privilegios y que, para resolver la supuesta falta de recursos para garantizar sus obligaciones constitucionales les falta imaginación.