El relator de las Naciones Unidas sobre derechos a la libertad de reunión pacífica, Clément Voule, dijo el miércoles que el gobierno peruano realizó un uso excesivo de la fuerza que llevó a la muerte de más de 60 peruanos durante manifestaciones por tres meses que pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
A inicios de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó en un informe que el Ejército y la policía peruana habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas.
“El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza llevó a la muerte y lesiones de manifestantes y traseúntes durante las protestas que comenzaron en diciembre”, señaló Voule a periodistas al finalizar una visita de trabajo de diez días que incluyó citas con la presidenta, manifestantes y familiares de víctimas.
Voule, abogado y diplomático nacido en Togo, añadió que Perú debe «garantizar el acceso a la justicia, los recursos, la reparación y la indemnización a las víctimas, incluso asumiendo el costo del tratamiento médico de los heridos».
«Perú está en una situación muy muy crítica… hay falta de confianza en sus instituciones», señaló en otro momento.
Indicó que tras visitar cárceles, conversar con ministros del gobierno, policías, militares, fiscales y jueces no ha recibido evidencias de que los manifestantes “sean terroristas”.
“Ellos son manifestantes”, añadió. La justicia peruana confirmó en mayo 18 meses de cárcel preventiva para cuatro manifestantes mientras son investigados por el presunto delito de afiliación o pertenencia a una organización terrorista.
“Este estigma de ser terrorista no debe ser utilizado”, comentó. Otros cuatro manifestantes en la ciudad de Cusco fueron condenados en enero a nueve meses de prisión preventiva por los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
El relator dijo que no recibió “ninguna evidencia” de que los manifestantes hayan usado armas de fuego.
Las manifestaciones contra Boluarte se iniciaron el 7 de diciembre cuando asumió el poder luego que el Congreso destituyó a su antecesor Pedro Castillo, ahora preso por tres años mientras es investigado por corrupción y rebelión. Las protestas que culminaron en febrero dejaron 49 civiles muertos por acción de las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Otros 11 civiles fallecieron en accidentes de tránsito o bloqueos de vías por los manifestantes. Siete uniformados también murieron.
Voule indicó que intentando hallar las causas de las protestas iniciadas en los Andes del sur peruano encontró a gente que “se siente abrumada por la corrupción en el país y piden una verdadera lucha contra la corrupción”, precisamente en zonas donde se produce la riqueza de Perú, incluyendo la extracción minera de cobre, un metal que va a China y del cual el país es el segundo exportador mundial.
El funcionario de Naciones Unidas indicó que su informe completo se presentará en 2024.