El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo Papeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por blanqueo y tras un largo y accidentado camino.
«Todo listo para la audiencia ordinaria alterna del caso ‘Lava Jato‘», indicó el Órgano Judicial en una misiva, en la que recordó que la investigación se inició en 2016 por hechos noticiosos relacionados con esa operación en Brasil, «que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas».
Ramón Fonseca Mora, cofundador junto con Jürgen Mossack del bufete epicentro del escándalo Papales de Panamá, confirmó a EFE que ambos están llamados a este juicio, que, reiteró, es «político».
«Tenemos una carta del juez del ‘Lava Jato‘ en Brasil que dice que ni siquiera fuimos nombrados en ese juicio. Aquí usaron titulares de La Prensa, periódico amarillo, para acusarnos», sostuvo.
Cientos de medios de comunicación publicaron en abril de 2016 más de 11,5 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca que revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufete para gestionar su patrimonio a través de sociedades «offshore» o extraterritoriales y presuntamente evadir impuestos.
La compañía, fundada en 1977 y considerada en su momento un actor destacado en la creación de sociedades extraterritoriales, llegó a tener más de un millar de empleados en decenas de oficinas de todo el mundo, pero acabó por cerrar en marzo de 2018.
Fonseca Mora ha sostenido que su bufete no hizo «nada ilegal en 40 años de existencia», y ha supeditado a intereses económicos y políticos los señalamientos en su contra.
Sobreseimiento y posterior impugnación
El juicio por el caso «Lava Jato» fue programado para el pasado mayo, pero se suspendió debido a que un abogado presentó una incapacidad médica, de acuerdo con la información oficial, por lo que la diligencia quedó para la fecha alterna de entre el 26 de junio y el 7 de julio.
La audiencia, a cargo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que preside por la juez Baloísa Marquínez, contará con nueve defensores particulares, y en el caso de la ausencia de alguno de ellos, ya «el juzgado ha designado a siete defensores públicos alternos a fin de garantizar el derecho de defensa», indicó el Órgano Judicial.
En octubre pasado, la propia juez Marquínez como titular del Juzgado Tercero Liquidador dictó el «sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y un sobreseimiento definitivo para otra» por el caso «Lava Jato«.
Argumentó, entre otros, que la investigación «no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore» o extraterritoriales.
Pero en octubre pasado, un tribunal superior modificó el fallo de sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 personas en respuesta a una apelación del Ministerio Publico (MP, Fiscalía). EFE