El Ministerio Público continúa hoy leyendo la acusación en Operación Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador general de la Republica, Jean Alain Rodríguez, y en la que citó unas diez empresas que aparentaban ser diferentes, pero tenían los mismos socios que ganaban «año tras año» las licitaciones para suplir alimentos adulterados, » podridos» y hasta con «gusanos» en las distintas cárceles.
Aunque las compañías tienen composiciones societarias diferentes, el órgano acusador afirma que sus formaciones son productos de falsificaciones de documentos, suplantación de identidades, con personas que aparecen hasta con más del 50 por ciento de las acciones que ignoraban que eran parte de su estructura.
Esas empresas son Getrant del Caribe SRL, Inversiones Zwaziland SRL, La Parasata Mercantil SRL, Herrajes Rachel SRL, Distribuidora Ropi SRL, Comercial Viaros SRL, Rogama SRL, F & F Ezel Import SRL, Divamor Group SRL, y Ropalma, SRL.
«Todas operaban bajo la dirección de una misma estructura con una sola unidad ejecutora, con el mismo personal, secretaria, contable, compartiendo almacenamiento y servicio de transportes estratégicamente manejados por los acusados José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz, quienes dentro del entramado societario y criminal le reportaban a Rolando Rafael Sebelen Torres, cuñado del exprocurador», indicó.
El Ministerio Público, que a la 1:00 de la tarde había leído 300 páginas de las más de 12,000 que contiene la acusación a la supuesta red bautizada como Operación Medusa, dijo que la empresa más beneficiada fue Inversiones Zwaziland SRL.
Ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción el Distrito Nacional, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmron que en la gestión de Jean Alain en la Procuraduría General había un Comité de Compras que no tenía poder de decisión ni de deliberación y que solo se dedicaba a firmar las actas enviadas por el comité de facto que lo integraban Jean Alain; Rafael Stefano Cano Sacco y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert.
La Pepca sostuvo que después de asignados los proyectos para la compra de alimentos e insumos a las diferentes penitenciarías, el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert registraba nuevas adendas en las que se aumentaba el pago de hasta con casi 10 millones de pesos por encima del monto original.
«Ganaban las licitaciones año tras años» por el vínculo de familiaridad de Sebelen Torres.
Los fiscales mencionaron el caso del señor Carlos Ferreiro Díaz, quien aparecía con acciones en Distribuidora Ropi SRL, sin este estar enterado de que era socio de dicha empresa.
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