El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió el martes al Congreso una nueva prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidos derechos constitucionales desde hace más de un año con una política de mano dura contra las pandillas, a las que acusa de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano.

Esta es la décimosexta prórroga que solicita el gobierno de ese régimen, que se aplica desde fines de marzo de 2022, en medio de preocupaciones y denuncias de organismos de derechos humanos.

“Con el régimen de excepción, los salvadoreños viven en paz. Les hemos dado esperanza y libertad de movilizarse con seguridad a diferentes sitios. Lo logramos luego de haber perdido generaciones por la cobardía de los gobiernos anteriores”, reiteró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre los argumentos que esgrime el gobierno para restringir derechos como el de representación de abogado para los detenidos o el de asociación.

Villatoro oficializó el pedido ante el Congreso, que debe pronunciarse con la aprobación o rechazo de las medidas. Hasta ahora, el Legislativo de mayoría oficialista no ha negado a la renovación del régimen de excepción, que ya se extiende por 472 días.

Cada mes, es necesario solicitar la prórroga. La extensión anterior aprobada el 14 de junio vence el sábado 15 de julio. Si la nueva prórroga iniciase el 16 de julio, estaría vigente hasta el 14 de agosto.

El gobierno de Bukele también presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar Ley Especial Contra el Crimen Organizado para aumentar en dos tercios la pena máxima de 45 años de prisión contra los cabecillas de estas estructuras criminales conocidas como maras o pandillas.

También pidió aprobar disposiciones transitorias para procesar a los capturados durante el régimen de excepción “por estructuras”.

Las pandillas están formadas por grupos o clicas y el gobierno buscan poder enjuiciarlos de forma conjunta.

Villatoro dijo que quieren ordenan el proceso judicial contra más de 65,000 imputados -de los 71,000 capturados que están en prisión- contra los que habría que promover 3,200 solicitudes de imposición de medidas. La idea es que, al procesarlos por estructuras, esos miles de solicitudes pasen a ser “un poco más de 300 casos”.

El ministro recalcó que “todas las encuestas de opinión, incluso las de la oposición y las internacionales reflejan un amplio respaldo en más del 90% de la población en un año y cuatro meses de régimen de excepción”.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad y en los centros penales – incluidas muertes de internos bajo custodia del Estado – en el marco del estado de excepción. Éste suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.

Bajo el régimen de excepción, más 71,000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales.

La mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero de ellos, más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, es decir, están en prisión sin condena en firme. Y, además, más de 5,000 personas han sido después liberadas por las autoridades debido a que nunca se pudo establecer un verdadero vínculo con estructuras criminales.

El régimen de excepción amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, “si continúan las circunstancias que la motivaron”.